La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al informe que Contraloría entregó a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se daban a conocer irregularidades en el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social.

Desde la Región de La Araucanía, Tohá señaló que “las personas con condena son más de 58. Las pensiones de gracia se otorgan en virtud de un procedimiento que definió la Ley de Presupuesto el 2021 y se aplicó el 2022” y precisó que dentro de los requisitos a contemplar “no estaba considerada la evaluación de los antecedentes penales”.

“Hoy día que estos están a la vista, el Presidente ha instruido que aquellas personas que tenían antecedentes penales al momento de tener las pensiones de gracia se evalúe uno por uno el caso, dejando a las personas que tienen un daño grave y permanente, mantener el beneficio. En el caso de quienes no tienen este daño permanente, evaluarlo”, indicó.

Asimismo, explicó que se ha instruido presentar un cambio a ley “que implique que de ahora en adelante cada vez que se asigne una pensión de gracia se tenga a la vista los antecedentes penales de la persona”.

“Una vez que a esa persona se le haya otorgado una pensión de gracia, si comete un delito de una cierta gravedad, por ley la pierda, porque una persona que tiene una gracia presidencial de este tipo, no puede cometer delitos”, añadió.

En esta línea, la secretaria de Estado manifestó que el Ejecutivo comparte “que era una falencia de este proceso que no estuvieran a la vista los antecedentes penales, pero no fue una decisión nuestra que así fuera. De hecho, la falta de antecedentes penales como elemento a considerar es algo que también sucedió en el gobierno anterior y dentro de las pensiones que otorgó el expresidente Piñera también hay personas con antecedentes penales y algunos de ellos, antecedentes muy graves”.

La titular del interior argumentó que “por supuesto que aquí hay un procedimiento que no estaba bien pensado, no solo con respecto a las pensiones del estallido, estamos analizando las pensiones de gracia hacia atrás”.

“En Chile hay 18 mil pensiones de gracia y nunca ha sido un requisito para otorgarla, los antecedentes penales. Entonces, esto es algo que tiene que modificarse a futuro, eso es lo que nos ha instruido el Presidente”, agregó.

Remarcó que “el Presidente de la República, apenas conoció el tipo de delito en los cuales tenían participación algunos de los beneficiarios, tomó una serie de definiciones en la semana pasada”.

“Dejó firmada la pensión de gracia de una persona con antecedentes de pornografía infantil, que inmediatamente ese caso se debía revocar y no era uno de los casos con este daño permanente y grave como es la pérdida del globo ocular”, detalló.

De esta forma, recalcó que “la mayoría de los casos que se han conocido con antecedentes penales graves, no corresponden a personas que tienen los daños más severos, por ejemplo, la pérdida de un daño ocular. La enorme mayoría son otro tipo de daños”.