El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
La exjueza está imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos, en el marco de la “trama bielorrusa”.
Vivanco se mantendrá en un módulo especial del Centro Penitenciario Femenino en San Joaquín, desde donde se ha quedado desde su detención el domingo pasado.
Según consignó 24Horas, el juez Cristián Sánchez explicó que Gendarmería deberá entregar los medicamentos a la imputada y una guía de alimentos adecuada debido a sus problemas de salud.
Luego de las tres jornadas previas de formalización, Vivanco tendrá que cumplir con la prisión preventiva, al igual que como se definió para su pareja Gonzalo Migueles. También se encuentran cumpliendo esta cautelar los abogados privados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
La defensa de Vivanco podrá apelar a esta resolución en los próximos cinco días presentando un recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar al tribunal de alzada capitalino que revoque la medida.
Se trata de un hecho histórico, puesto que se transformó en la primera exministra de la Corte Suprema que es investigada penalmente y que queda en prisión preventiva.
Vivanco y Migueles habrían recibido al menos 90 millones de pesos
De acuerdo a lo que se desprende de la indagatoria, Vivanco y Migueles habrían recibido al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban las causas por la disputa con Codelco del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, que era representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Se presume que los cuatro se concertaron para favorecer al consorcio al que la estatal debió pagar cerca de 12 mil millones de pesos. Migueles y ambos abogados están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, por este supuesto pacto.
“Con infracción a sus deberes del cargo, durante la tramitación de recursos de protección ante la Corte Suprema, concurrió con su voto a resoluciones favorables a las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, que obligaron a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados, procediendo estos, con parte de estos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y a su conviviente, Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, quien, concertadamente con ella, facilitó los medios para recibir el pago”, señalaron desde la Fiscalía.
