El Gobierno supervisó la tarde de este miércoles la expulsión de 77 ciudadanos extranjeros -31 peruanos y 46 bolivianos- en un vuelo chárter de la aerolínea SKY hacia Perú y Bolivia.

Al aeropuerto de Santiago acudieron el ministro del Interior, Rodrigo Delgado; el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio y el jefe de la Prefectura de Migraciones de la PDI, Cristián Sáez.

Según informaron las autoridades, 66 de los inmigrantes fueron deportados por motivos judiciales. Algunos tenían condenas por delitos como homicidio simple, robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas y tráfico de drogas.

Mientras, los otros 11 saldrán del país por temas administrativos, tratándose de personas que ingresaron a Chile por pasos irregulares o que tenían antecedentes penales.

El ministro Delgado indicó que “en Chile se han tomado medidas con respecto a para poder darle las mejores alternativas a quienes quieran venir a Chile por motivos plausibles, trabajar, estudiar, aportar, hacer su vida como corresponde, ingresar por paso habilitado, prueba de ello es la nueva Ley de Migraciones”.

“El compromiso de este gobierno sigue firme para expulsar a aquellas personas que vengan a Chile a cometer delitos, como es el caso de los 66 expulsados judiciales y gran parte de los 11 expulsados administrativos de este vuelo”, añadió.

De esta forma, ya van 547 extranjeros deportados este 2021, mientras que es el cuarto operativo que se realiza este año mediante SKY tras el acuerdo que la empresa firmó con el Ejecutivo. La situación se enmarca en la nueva Ley de Migraciones que el Presidente Sebastián Piñera promulgó en abril.

Las expulsiones han sido criticadas por algunas organizaciones. Por ejemplo, el director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, afirmó en un carta que “los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”.

Mientras, Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita Migrantes, calificó las salidas forzosas como “ilegales”.

“Es preocupante porque estas expulsiones no tienen el debido proceso, entonces cada caso no tiene el análisis con las medidas necesarias. La ONU ya emplazó al Gobierno a detener esto. Que sean colectivas, las hacen ilegales porque cada caso debe ser analizado de manera particular y que cada uno tenga derecho a defenderse”, indicó Ureta a 24 Horas.