La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y particular el proyecto de reajuste al sector público. La iniciativa fija en 12% el ajuste salarial para los trabajadores que perciben hasta $2.200.000, mientras que genera un reajuste fijo de $264.000 para quienes ganan más de ese monto.

La propuesta del Ejecutivo fue respaldada por 112 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones. Los rechazos fueron principalmente de la bancada del Partido Republicano.

El reajuste, que ahora pasa al Senado, ha sido criticado por gremios médicos y del Poder Judicial, desde donde advirtieron que puede pasar que un funcionario gane más que su jefatura en algunos tramos.

“No estamos pidiendo que se aumenten los sueldos. Solamente que, en la práctica, no se nos sigan bajando los sueldos. Porque en los últimos años, lo que se nos ha incrementado es muy por debajo del IPC, sobre todo este año”, acusó el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza.

Mientras que el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, acusó que “nos parece una incoherencia, una incongruencia, que el Gobierno nos trate como una especie de casta privilegiada, y que nos estigmatice en este sentido”.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó después de la votación que “acá se ha tratado de hacer el mayor esfuerzo posible para tener un reajuste que alcance a todo el mundo”.

El secretario de Estado explicó que su objetivo es “apoyar más a quienes ganan menos en el sector público, al casi 90% de quienes ganan menos. Y por supuesto, es algo que no esperamos repetir recurrentemente, ha sido una situación especial por las características de este reajuste, por las magnitudes involucrados, pero fue algo necesario para poder cuadrar el círculo de este reajuste”.

Marcel precisó que se trata de un proyecto “bastante extenso, porque contiene no solamente las normas que son propias del reajuste, sino que algunas otras referidas a personal del sector público”.

Valoró que fue acordado, consensuado con la mesa del sector público, encabezada por la Central Unitaria de Trabajadores, que incorporó a casi 20 organizaciones”. Por ello, aseveró que la propuesta, “a diferencia de años anteriores, ha sido fruto del diálogo con las organizaciones del sector público”.

“Es un ajuste inusualmente alto, asociado a la inflación más alta que hemos tenido en el curso de este año, donde hemos logrado integrar o conciliar las necesidades de recuperación del poder adquisitivo con las posibilidades que tiene el Estado”, añadió.

Además, el ministro explicó que “también se han aprobado los aguinaldos de Navidad, una serie de bonos de distinta naturaleza, y además a varios de estos beneficios se les ha dado el carácter de permanente”. Esto para “no repetir la ficción de estar todos los años señalando que hay un beneficio que es una única vez, cuando en realidad se va repitiendo”.

A ello sumó temas que fueron parte del protocolo de acuerdo durante la tramitación de la Ley de Presupuestos, “como el traspaso de personal de honorarios a la contrata en las municipalidades”.

“Estamos muy satisfechos con lo que ha sido la votación, hemos tenido en general en todos los artículos un apoyo muy amplio, hemos tenido comprensión en términos de los esfuerzos que ha habido que hacer para poder cuadrar las cifras de este presupuesto”, complementó.

Finalmente, aclaró que “solo están excluidos los parlamentarios, los ministros de Estado y todas las autoridades que están consideradas en la norma constitucional que fue aprobada hace un año y medio”.