El fiscal Cristian Aguilar solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la orden de entrada y registro para allanar las dependencias del Gobierno Regional del Maule, las oficinas de la Urbanismo Social en Santiago y el domicilio del exseremi Rodrigo Hernández (RD) en el marco del denominado Caso Convenios.

En medio de las indagaciones por los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y fundaciones privadas, el persecutor realizó esta solicitud apuntando que la fundación mantiene convenios con reparticiones de Vivienda en Antofagasta y el Maule.

De esta forma, la tarde del lunes, la jueza Claudia Campusano accedió y visó los registros requeridos.

Esta petición fue aceptada por la jueza Claudia Campusano, quien aprobó “incautar toda la documentación sea en papel, digital u en otro medio relacionada al convenio precitado suscrito con la Fundación Urbanismo Social, incluyendo toda aquella previa que sirvió de antecedente para la elección de la Fundación por la autoridad y la relativa a la ejecución del convenio y rendición, si existiere, y computador o computadores, que contenga información vinculada a los hechos investigados”.

En la resolución se indica que “se autoriza entrada y registro del domicilio que corresponde a la Fundación Urbanismo Social, para incautar toda la documentación sea en papel, digital u en otro medio relacionada al convenio antes señalado, y computador o computadores, sea pc o notebook que contenga información vinculada a los hechos investigados”.

Junto a esto, el texto indica que -en relación al domicilio de Hernández- se procederá al “registro y extracción de toda la información que contengan las especies que puedan incautarse, contenida en archivos y en conversaciones, por medios electrónicos, sea por correo u otro medio análogo, o por whatsapp, según corresponda, que digan relación con los hechos investigados”.