De esta manera, comenzó a cerrase uno de los casos más emblemáticos de corrupción de la política chilena, que se inició en el año 2015, cuando además de los controladores del grupo Penta también desfilaron por los tribunales varios dirigentes políticos, especialmente de la UDI, ligados a este holding.
El juicio abreviado se concretó en la mañana de este miércoles luego de que el juez Daniel Aravena accedió a la solicitud que hizo la Fiscalía Metropolitana Oriente y dejó fuera del proceso al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a la Fundación Ciudadano Inteligente y a los abogados del Partido Socialista (PS), quienes como querellantes se oponían a esta salida alternativa.
Los querellantes insistían en mantener los cargos de soborno para Délano y Lavín, pero éstos fueron retirados y la fiscalía los reformalizó por delitos tributarios por un perjuicio fiscal de $1.700 millones. La fiscalía pidió una pena de 4 años de presidio que ambos imputados podrán cumplir en libertad, más el pago de una multa por el mismo monto del perjuicio fiscal. La sentencia se comunicará el próximo 9 de julio a las 14 horas.
En opinión de la fiscalía, la acusación de soborno contra Délano y Lavín por el pago de $42 millones al exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, tenía dificultades para ser probada en un juicio oral. Además, Délano y Lavín tienen las atenuantes de irreprochable conducta anterior y reparación del mal causado, mediante el pago de $6.000 millones, por lo que las penas de cárcel en un eventual juicio oral se veían como poco probables.
Tras el veredicto condenatorio para Délano y Lavín, comenzó el juicio abreviado de Wagner, a quien la fiscalía retiró la acusación de cohecho y la cambió por la de incremento del patrimonio indebido, debido precisamente a la dificultad de probar el delito inicial. Wagner recibió los $42 millones de Penta como parte de honorarios adeudados, pero recibió el dinero cuando ya ocupaba el cargo en el primer Gobierno de Piñera.
El juicio abreviado en el caso Penta ha sido criticado por tratarse de un caso emblemático de financiamiento ilegal de la política, similar al del caso SQM. En marzo de 2015, el entonces fiscal Carlos Gajardo a cargo del caso formalizó a los controladores por haber montado “una máquina para defraudar al fisco”, y logró que el Octavo Tribunal decretara la prisión preventiva de ambos, la que cumplieron durante 46 días para luego pasar 229 días en arresto domiciliario.
Incluso, este juicio abreviado llegó al Tribunal Constitucional mediante un requerimiento presentado por parlamentarios del PS, también querellante en el caso. Sin embargo, el 18 de junio pasado, el TC declaró inadmisible el requerimiento y dio luz verde al procedimiento.
Luego de escuchar el veredicto condenatorio, Délano y Lavín junto a sus abogados abandonaron el tribunal, mientras seguía el procedimiento abreviado de Wagner.