La Contraloría General de la República le dio un plazo de 10 días hábiles a la Superintendencia de Pensiones para entregar un informe sobre su rol de fiscalización con las AFP, tras la polémica por la caída del Fondo E.
Según consignó 24 Horas, el requerimiento fue emitido a partir de una presentación realizada por un grupo de diputados.
Desde la Contraloría remitieron a la Superintendencia una copia de la presentación parlamentaria. Lo anterior, para que informe “al tenor de lo expresado en ella por la recurrente”.
Ahora, el organismo tendrá que abordar los antecedentes planteados por los legisladores, respecto al funcionamiento y fiscalización de las administradoras de fondos de pensiones.
Asimismo, el oficio establece que el informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o de un abogado de la Superintendencia. Se exceptúan de esta exigencia los casos en que el asunto no involucre la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias; o en que el organismo no cuente con ese profesional.
Junto con la respuesta, tendrá que remitir todos los antecedentes necesarios para que la Contraloría pueda resolver adecuadamente la presentación.
Eso sí, el oficio de Contraloría se limita a solicitar antecedentes. Por lo tanto, no establece por sí mismo la existencia de irregularidades en la actuación de la Superintendencia.
Cabe destacar que la solicitud se enmarca en la polémica por las pérdidas del Fondo E, considerado el más conservador del sistema de multifondos.
