Flávio Bolsonaro enfrenta un complejo escenario judicial tras su derrota en las elecciones presidenciales de Brasil. El senador es investigado por presunto lavado de dinero y otros delitos. Además, deberá entregar sus pasaportes por orden de un juez, según denunció en redes sociales.
El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro también perderá su escaño en el Senado en febrero próximo, cuando comience la nueva legislatura. De esta manera, desde 2027 dejará de ejercer un cargo público por primera vez desde 2003, recogió Efe.
Abogado de profesión, Flávio dejó su carrera parlamentaria para competir por la Presidencia. Su candidatura contó con el respaldo de su padre, quien está inhabilitado, condenado y cumple prisión domiciliaria por su participación en una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Al igual que su padre, Flávio perdió en segunda vuelta ante el mandatario progresista, por un resultado de 52% frente a 48%. Además, tampoco reconoció su derrota electoral.
Durante más de dos décadas de trayectoria política, el senador se desempeñó como diputado regional de Río de Janeiro entre 2003 y 2019. Posteriormente, asumió como senador para el periodo 2019-2027.
Pese a los distintos escándalos que han marcado su carrera, ninguno de los casos mencionados ha llegado a juicio hasta el momento.
Flávio Bolsonaro enfrenta dos investigaciones judiciales
Actualmente, el senador de 45 años figura como investigado en dos causas. La primera se tramita en la Corte Suprema y está relacionada con el presunto financiamiento irregular de una película sobre su padre.
En esta investigación, la Policía encontró indicios de posibles delitos de corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas. Las sospechas apuntan a pagos millonarios del empresario Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, quien permanece en prisión preventiva por un presunto fraude financiero.
El dinero habría sido destinado a producir Dark Horse, una película inspirada en la vida de Jair Bolsonaro.
Según los antecedentes citados en la investigación, Flávio solicitó 134 millones de reales, equivalentes a unos 26 millones de dólares, al empresario para financiar el largometraje. En diversos audios, el senador se refirió a Vorcaro como un “hermano”.
Las autoridades sostienen que el empresario pagó casi la mitad del monto solicitado. Sin embargo, la Policía sospecha que parte de esos recursos terminó en cuentas estadounidenses vinculadas a la familia Bolsonaro y habría sido utilizada para beneficio personal.
Flávio sostiene que las negociaciones con Vorcaro se desarrollaron dentro de la legalidad.
Por otra parte, los diarios brasileños O Estado de S. Paulo y O Globo informaron, antes de la segunda vuelta electoral, que el senador también era investigado por un supuesto caso de lavado de dinero.
Un abogado y presuntos movimientos financieros sospechosos
La segunda investigación involucra a Willer Tomaz, abogado y cercano a Flávio Bolsonaro. Según los antecedentes difundidos por la prensa, Tomaz habría operado una estructura societaria con movimientos financieros sospechosos relacionados con el sector de las apuestas deportivas.
De acuerdo con información policial citada por los medios, Flávio habría figurado como usuario con amplios permisos de acceso a una cuenta compartida con Tomaz.
El abogado también está bajo investigación por un escándalo de corrupción relacionado con descuentos indebidos en las pensiones de millones de jubilados.
En este contexto, el juez del Supremo Alexandre de Moraes ordenó a Flávio entregar sus pasaportes, incluido el diplomático. El senador denunció esta medida el lunes a través de sus redes sociales.
La eventual victoria presidencial de Flávio habría tenido consecuencias para las investigaciones. En Brasil, los jefes de Estado no pueden ser responsabilizados durante su mandato por actos anteriores a su investidura.
Además, según la jurista Luisa Ferreira, doctora en Derecho y profesora de la Fundación Getulio Vargas (FGV), la mayoría de los especialistas considera que tampoco podrían avanzar esas investigaciones durante la Presidencia con miras a presentar una eventual denuncia después del mandato.
La denuncia por una tienda de chocolates y los vínculos con milicias
Los antecedentes judiciales de Flávio Bolsonaro se remontan a su etapa como diputado regional de Río de Janeiro.
En 2020, cuando su padre ejercía la Presidencia, la Fiscalía presentó una denuncia formal en su contra por organización criminal, malversación, blanqueo de capitales y apropiación indebida.
La acusación apuntaba a la presunta contratación de amigos, familiares y vecinos como funcionarios ficticios. Según la Fiscalía, el objetivo habría sido apropiarse de parte de los salarios que recibían.
Los investigadores también señalaron que el dinero supuestamente obtenido de esa manera habría sido blanqueado mediante gastos personales, una tienda de chocolates y operaciones inmobiliarias en efectivo.
Sin embargo, la denuncia fue archivada después de que se anularan una serie de pruebas.
Por último, la trayectoria política del senador también ha estado marcada por cuestionamientos sobre sus presuntos vínculos con milicias de Río de Janeiro. Estos grupos, integrados en parte por policías corruptos, controlan barrios mediante la extorsión y la violencia.
Algunos de los funcionarios considerados ficticios durante su etapa como diputado eran familiares de presuntos integrantes de esas organizaciones. Entre ellos figuraban parientes de Adriano da Nóbrega, un sicario que murió abatido por la Policía en 2020.
