El ministro de Justicia, Fernando Rabat, habló este martes sobre el alto riesgo de reincidencia que se identificó en algunas de las 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad que recibieron rebajas de pena.
Cabe destacar que la información fue revelada en un reportaje de Radio Biobío. Aquí, se mencionaba que algunos de los reos beneficiados presentaban un alto riesgo de volver a cometer los mismos delitos, según informes de Gendarmería. También, apuntaban a rasgos de “frialdad” o falta de remordimiento y empatía hacia sus víctimas.
Bajo ese contexto, durante un punto de prensa, el secretario de Estado dijo: “Lo primero, hay que entender bien el procedimiento de rebaja de condena, en el cual no es el Ministerio de Justicia quien analiza el mérito de la solicitud. Para eso hay un consejo integrado por ministros de Corte de Apelaciones, por jueces y también por psicólogo y asistentes sociales, quienes son precisamente los llamados por la ley a analizar estas situaciones”.
El rol de Ministerio
“El rol que le corresponde al Ministerio de Justicia, luego, es únicamente determinar si se cumplieron requisitos y formalidades. Por lo tanto, no hay una ponderación de la situación de cada uno de esos internos”, añadió, de acuerdo a lo consignado por T13.
A la vez, Rabat planteó que “es importante entender cuáles son las competencias de los funcionarios públicos. El ministro de Justicia no tiene competencias para ponderar esos antecedentes, puesto que para eso hay una comisión especialista”.
Luego, subrayó que el Gobierno busca actualmente una solución. “Es por eso que está en proceso de presentarse el proyecto de ley que hemos preparado para que nunca más exista una situación como la que hemos vivido”, sostuvo..
Respecto a la preocupación de que los condenados reincidan, señaló que “en todo este sistema, que como ustedes saben data del año 2003, es decir, tiene más de 20 años de duración, ese riesgo siempre ha estado latente”. A esto añadió: “Es por eso que se establece una comisión especialista con psicólogos y asistentes sociales para que analicen esa situación”.
“Como nos preocupa es que hemos encontrado una solución que es establecer más técnicos en esas comisiones y que el informe de Gendarmería deba ser un antecedente calificado”, sentenció.
