Según un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), más de 13 mil trabajadores del sector público acudieron a casinos de juegos en distintas regiones del país mientras se encontraban con licencia médica.
La cifra fue dada a conocer en el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 15, que abarca el período 2023-2024, y que identificó a 13.286 funcionarios públicos en esta situación.
La CGR detalló que de ese total, 1.486 trabajadores coinciden con el listado difundido en mayo pasado sobre servidores públicos que viajaron fuera del país estando bajo reposo médico.
REGIONES CON MAYOR CANTIDAD DE INGRESOS A CASINOS
En el período estudiado, se registraron 14.923 asistencias a casinos, distribuidas de la siguiente forma según la Contraloría:
- Región de O’Higgins: 3.376 ingresos (23%).
- Región del Bío Bío: 2.180 ingresos (15%).
- Región de Valparaíso: 2.162 ingresos (14%).
- Región de Los Lagos: 1.454 ingresos (10%).
- Región de La Araucanía: 1.125 ingresos (7%).
Los más de 13 mil servidores involucrados acumularon 14.599 licencias médicas, distribuidas en 799 organismos públicos. Entre ellos destacan las municipalidades (30%) y hospitales y servicios de salud (29%) como los de mayor incidencia.
Entre los servicios con más licencias asociadas a ingresos en casinos, sobresalen:
- Junta Nacional de Jardines Infantiles (516 licencias).
- Fundación Integra (480 licencias).
- Servicio de Salud de Concepción (332 licencias).
- Servicio de Salud de O’Higgins (233 licencias).
- Corporación Nacional del Cobre (211 licencias).
- Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (182 licencias).
Para elaborar el informe, la Contraloría cruzó datos entregados por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
La CGR explicó en su página web que, en el período revisado, la Suseso emitió 5.235.890 licencias médicas a funcionarios públicos. En paralelo, la SCJ informó que hubo 218.372 ingresos de trabajadores estatales a casinos.
Ante estos antecedentes, la Contraloría notificará a las instituciones correspondientes para que inicien los procedimientos disciplinarios. Asimismo, los datos fueron enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
La información también será remitida a la Compin y a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
