La Corte Suprema ratificó el fallo que obliga al Estado a indemnizar por un total de 1.240 millones de pesos por daño moral a 31 de los 33 mineros que quedaron atrapados en la mina San José en 2010. Cada uno recibirá $40.000.000.

Si bien fueron 33 los trabajadores rescatados desde 700 metros bajo tierra tras el accidente que se generó en el yacimiento de cobre ubicado en Caldera, Región de Atacama, dos de ellos decidieron no sumarse a la demanda.

En esa línea, el máximo tribunal confirmó este jueves que hubo responsabilidad de parte del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Seremi de Salud y la Dirección del Trabajo, en vista de que no fiscalizaron a la minera San Esteban Primera S.A.

Según relata el documento, “el Estado de Chile incurrió en falta de servicio, por cuanto uno de sus órganos incumplió la obligación legal antes identificada, permitiendo el desarrollo de la actividad minera en que se desencadenaron los acontecimientos materia de autos, pues, de haber cumplido el Sernageomin su rol precautorio y de fiscalización, la explotación de la mina ‘San José’ -o su reanudación- jamás habría sido autorizada”.

“Por todo lo explicado, al erigirse sobre fundamentos contradictorios y oponerse a los argumentos sustantivos antes indicados que permiten descartar la concurrencia de yerros jurídicos trascendentes, el recurso de casación en el fondo debe ser rechazado”, se lee en el texto.

En primera instancia, el fallo determinó que se debían pagar $80 millones a cada minero, pero la Corte de Apelaciones estableció en junio de 2021 que el monto se reduciría a la mitad. No obstante, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apostó por disminuir aún más la indemnización, lo que echado por tierra este jueves por la Corte Suprema.