El Consejo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile emitió una declaración pública refiriéndose al proyecto de nueva Constitución a votarse el próximo 4 de septiembre.

El texto señala que “no podemos respaldar una propuesta que socava directamente principios elementales de justicia, e introduce ambigüedades y contradicciones de las que podrán resultar importantes vulneraciones contra la dignidad y libertad de las personas, la unidad del país y la paz social”.

La Universidad Católica se refiere a temáticas del texto que resultan conflictivas para ellos, como son “el aborto, la eutanasia, la familia, la educación, la libertad religiosa, la autonomía de los cuerpos intermedios, la seguridad jurídica, la independencia judicial y el diseño institucional del poder político, entre otras”.

Aunque admiten que hay “algunos aportes valiosos dentro de la propuesta, lo señalado anteriormente se funda en tres razones principales, que nos parece indispensable hacer presentes en este momento”.

Como primer punto, expresan que “el supuesto y condición fundamental de la realización del bien común es el reconocimiento de la dignidad, trascendencia e indisponibilidad de toda persona, anterior a cualquier poder constituyente o constituido”.

“El proyecto niega este reconocimiento, por ejemplo, al consagrar el aborto como derecho, posibilitar la eutanasia e imponer una concepción ideológica de la sexualidad humana”, continúan.

El segundo punto mencionado por los abogados de la UC tiene que ver con “la orientación al bien común exige que una Constitución reconozca e integre las realidades sociales anteriores a ella, respetando, así, la indisoluble complementariedad de los principios de solidaridad y subsidiariedad”.

“Sin embargo, el proyecto constitucional otorga al Estado un papel desbordante, restringiendo la autonomía de los otros grupos sociales. Con ello se afecta, por ejemplo, la familia, el deber y derecho de los padres de educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y la libertad religiosa”, agregan.

El tercer punto abordado es que “de una Constitución cabe esperar el establecimiento de un régimen fundado en la justicia, lo que requiere unidad política y jurídica, y una equilibrada distribución de las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales”.

Asimismo, señalan que “todo esto se puede alcanzar impulsando mejoras a la distribución del poder político hacia las regiones y comunas con el fin de asegurar una mayor eficacia y cercanía en favor de las personas, y avanzando asimismo en el reconocimiento de la rica diversidad cultural de los pueblos indígenas”.

“No obstante, la propuesta de nueva Constitución, al establecer una particular forma de Estado plurinacional y regional, no logra articular un modelo basado en la realidad de nuestro país. Asimismo, amenaza la debida armonía y los necesarios contrapesos que han de existir en las instituciones republicanas, al erosionar la independencia judicial y eliminar el Senado, entre otros aspectos”, cierran.

La carta fue firmada por el decano Gabriel Bocksang H., la vicedecana Carmen Domínguez S., 10 consejeros y el secretario académico de la facultad.