A la justicia acudió Jacqueline Santander, excandidata a senadora del Partido Socialista (PS), tras la demolición de la denominada “toma VIP” en Antofagasta.

La suspendida militante del PS era una de las ocupantes de las enormes casas levantadas de manera irregular en el sector de la playa Huáscar, ubicado en la zona sur de la capital regional. Las viviendas fueron desocupadas y demolidas el pasado 18 de agosto tras una orden de la Delegación Presidencia (DPR).

Según informó El Mercurio de Antofagasta, Santander presentó un recurso de protección para dejar sin efecto la resolución que permitió el desalojo y demolición de los inmuebles, además de exigir un proceso sancionatorio en contra de la delegación.

El abogado Daniel Guevara explicó que “la DPR no tiene atribuciones legales para desalojo de bienes nacionales (que están inscritos a mayor cabida a nombre del Fisco), sino solamente de bienes nacionales de uso público como plazas o calles”.

A ello sumó que “en ningún caso la DPR tiene atribuciones de demolición. Para ordenar desalojos y demolición sobre bienes fiscales y más aún cuando se ha construido en esos terrenos, las atribuciones corresponden al Poder Judicial vía acciones posesorias”.

Además, el exseremi de Bienes Nacionales de Ricardo Lagos advirtió un “ajuste de cuentas políticas” y afirmó que “llama significativamente la atención esta ‘demolición express'”.

La idea de la pugna política en el PS de Antofagasta también fue mencionada por el exalcalde de la ciudad, Wilson Díaz, quien además es pareja de Santander. “A nuestro entender, esto fue un ataque directo hacia ella”, señaló al citado medio, acusando que hay otras tomas en el sector.

“Jacqueline no sacó nada y todo lo que quedó ahí la gente se lo robó, ni dejaron nada, se llevaron hasta el pasto. Fue terrible, algo que no se había visto en Antofagasta. Al margen de los errores que haya cometido Jacqueline, ese día, al interior de la casa había un niño, personas”, agregó.

En respuesta, la delegada Karen Behrens indicó a SoyAntofagasta.cl que “estamos enfocados en la recuperación de los espacios públicos a fin de que ellos sean efectivamente utilizados por la comunidad, tanto en la construcción de vivienda que ha sido anhelada por tantos años, así como equipamiento comunitario y áreas verdes que tanta falta hacen en la ciudad”.

“Esta administración continuará con su gestión de recuperación de espacios públicos que se encuentran con ocupaciones ilegales (…) nadie tendrá privilegios ni será tolerado el uso ilegal de predios fiscales”, enfatizó.