El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de anular el juicio a favor de Daniel Morales (35) y B.S. (16), quienes habían sido absueltos tras la investigación por su presunta responsabilidad en la quema de la estación Pedrero, el 18 de octubre de 2019.

El recurso de nulidad había sido presentado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, el Ministerio del Interior y de Metro, y el lunes recibieron el visto bueno para repetir el juicio contra los, otra vez, imputados.

En conversación con radio Cooperativa, Guerra defendió las pruebas presentadas durante la primera investigación, que habían sido desestimadas por tribunales, por lo que terminaron dando la absolución al tío y su sobrino.

“Hay una serie de pruebas que sirven para determinar su participación”, aseguró el abogado, añadiendo que en las imágenes proporcionada por Metro “aparecen claramente” iniciando el incendio y que hay “teléfonos celulares donde hay diálogos de WhatsApp, conversaciones telefónicas e imágenes rescatadas”.

En esa línea, detalló que “hay también publicaciones que se hicieron en redes sociales en un grupo al cual ellos pertenecían, que se hace llamar ‘Garra Blanca Antifascista’ y están las ropas que se incautaron del domicilio del menor de edad, que son absolutamente coincidentes con las que él portaba el día de los hechos”.

Además, se refirió a las acusaciones sobre un eventual montaje de las imágenes presentadas como pruebas, argumentando que “en su momento se esbozó por la defensa y algunos grupos ligados a los imputados que hubo un montaje por parte de la policía y el Ministerio Público, y el propio fallo anulado, si bien considera que hubo una ilegalidad en el actuar de la policía, señala claramente que descarta cualquier teoría del montaje”.

Si bien aún no se fija una fecha para el nuevo juicio contra los presuntos responsables por la quema de la estación, el fiscal apuntó que esperamos “lograr la condena de los dos imputados”, aclarando que antes se debe solicitar una audiencia para decretar medidas cautelares previas al nuevo proceso.

Debido a los hechos y las acusaciones, el Ministerio Público pide 15 años de cárcel para Morales y 10 años de presidio para el menor de edad, siendo la pena máxima que se puede solicitar para un adolescente.