El Ministerio de Hacienda, mediante un decreto firmado por Jorge Quiroz el 24 de abril, estableció un recorte de $32.721 millones al presupuesto de Desarrollo Social y Familia. Afectando directamente programas dirigidos a infancia, juventud y pueblos indígenas.
Según informa La Tercera, la medida, aplicada a través de una modificación presupuestaria, reduce recursos en diversos servicios de la cartera. Y golpea a instituciones clave del sistema de protección social.
Entre los organismos que sufren las mayores reducciones se encuentran: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename), encargado de la protección de menores vulnerados. Con más de 12.748 millones de pesos.
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (7.634 millones), particularmente en fondos de tierras y apoyo a comunidades. El Instituto Nacional de la Juventud (3.859 millones). La Subsecretaría de la Niñez (3.359 millones), el Servicio Nacional de la Discapacidad (1.135 millones) y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (318 millones), entre otros.
Asimismo, el recorte impacta iniciativas emblemáticas como el Programa de Apoyo al Recién Nacido (ajuar) con una reducción de 1.850 millones de pesos. Además de otras de acompañamiento familiar y políticas de desarrollo social orientadas a sectores vulnerables.
El documento -que fue difundido este martes- fue firmado el mismo día en que se instaló la controversia por la circular de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Esta recomendaba “descontinuar” o reformular decenas de programas estatales, generando críticas tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo.
En ese contexto, el recorte presupuestario refuerza las preocupaciones sobre un eventual ajuste fiscal más profundo en el gasto social. Pese a que desde el Ejecutivo se ha insistido en que no se eliminarán beneficios esenciales.
Cabe recordar que el propio ministro Quiroz ha defendido el concepto de “descontinuar” como una herramienta técnica para rediseñar programas.
ANEF reaccionó con dureza
Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) reaccionaron con dureza al ajuste. Señalaron a través de una declaración oficial que el decreto “recorta de forma inmediata la ejecución presupuestaria 2026 de servicios esenciales”.
“Se trata de medidas que impactan gravemente el desarrollo de la Función Pública y la capacidad de nuestros servicios para cumplir su misión con la ciudadanía”. Así lo sostuvo la organización, advirtiendo efectos directos sobre políticas de Estado y programas sociales clave.
En esa línea, la ANEF calificó el Decreto N°331/2026 como “un ataque frontal a derechos sociales y obligaciones de protección prioritarias”. Apuntando que las reducciones afectan especialmente a la infancia, pueblos originarios y personas con discapacidad.
El gremio también levantó reparos sobre el mecanismo utilizado para materializar el ajuste.
“Eliminar por decreto financiamientos y líneas programáticas aprobadas por ley constituye, a lo menos, un grave motivo de prevención jurídica y política”, señalaron. Advirtieron que podría tensionar las atribuciones del Congreso en materia presupuestaria.
Asimismo, vincularon el recorte con la orientación fiscal del Ejecutivo, afirmando que estas medidas se alinean con una agenda que -según indicaron- reduce el gasto social. Mientras impulsa cambios tributarios que beneficiarían a los segmentos de mayores ingresos.
