El Ministerio de Justicia dio un plazo de 24 horas para que Gendarmería emita un informe en relación con la situación que ocurre en la cárcel de Angol, Región de La Araucanía.

Quien debe realizar el informe es el coronel Álvaro Rivera, inspector operativo de Gendarmería, quien el domingo pasado fue a conocer los antecedentes del acuerdo al que llegó el director regional de la institución, Juan José Navarrete, con el lonko de la comunidad “Temucuicui autónoma”, Víctor Queipul, para el traslado de tres comuneros desde el recinto penitenciario.

Sin embargo, esto generó la molestia de los gendarmes, quienes manifestaron que las medidas que se tomaron en ese acuerdo serían ilegales y pondrían en riesgo su seguridad.

El miércoles pasado, un grupo de 19 comuneros mapuche dieron por finalizada una huelga de hambre después de 28 días, luego de llegar a un acuerdo con Gendarmería.

La decisión fue tomada luego que dos comuneros fueron trasladados en horas de la tarde del miércoles al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Angol. Mientras que otro, Sergio Levinao, fue llevado a un recinto asistencial para ser hospitalizado producto de su mal estado de salud.

Los comuneros exigían a Gendarmería que se respete la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece condiciones distintas para los integrantes de pueblos originarios.

Hasta ahora, el Gobierno ha expresado que las medidas se enmarcan en la legalidad y a decisiones fundadas. Pero en la mañana de este miércoles, dos agrupaciones que reúnen a suboficiales de Gendarmería se reunieron con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, a quien le plantearon la serie de falencias que identifican tanto en lo logístico como en lo reglamentario del acuerdo.