El Gobierno ingresó 24 decretos a la Contraloría General de la República para revocar pensiones de gracia, cumpliendo con un compromiso asumido el 28 de enero, cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció la decisión del Gobierno de ponerle punto final a la polémica surgida por la entrega de pensiones de gracia a víctimas de lesiones durante el estallido social, pero que registraban condenadas por delitos graves o la entrega irregular del beneficio.

Según consigna La Tercera, durante la noche del lunes 19 de febrero, la División Jurídica de Interior concretó el ingreso de los decretos para revocar estos beneficios, sumándose así a otro caso que ya había sido entregado en Contraloría la semana pasada.

Se trata de un acto administrativo en que se expone el caso a caso de quienes no recibirán más estas pensiones, el cual deberá ser revisado y tomado de razón por parte de Contraloría en un plazo menor a 15 días hábiles.

El ente contralor ha tenido un rol activo en este caso. El 25 de enero emitió un lapidario informe sobre la manera en que se entregaron estas pensiones, impulsando al Ejecutivo a tomar una decisión respecto a si la entrega de estos dineros continuaría o no.

El organismo, encabezado por Dorothy Pérez, dio cuenta de una serie de irregularidades en el otorgamiento del beneficio. Entre ellos, que 58 beneficiados tienen condenas. Algunos, de hecho, por delitos violentos: producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio. Además, constataron que había datos que no se comprobaron, que ciertos postulantes no entregaron certificados médicos y, entre otros elementos, que hubo aumentos de pensión sin que existiera sustento.

En medio del análisis, se constató que 19 expedientes de beneficiarios remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no presentaban antecedentes médicos, o bien los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019.

Junto con ello, además, se verificó que ni la DAS ni la comisión asesora efectuaron otras gestiones para su validación. Lo que, como reseñaron, “incumple los principios de control, eficiencia, eficacia, responsabilidad y trasparencia”.

Y aunque el INDH pudo subsanar lo reprochado respecto de 9 de los 19 casos objetados, Contraloría ordenó a la Subsecretaría del Interior verificar, en coordinación con el INDH, la existencia de antecedentes complementarios relativos a los casos restantes, “que respalden los relatos que dieron origen a la acreditación de los postulantes o, por el contrario, deberá adoptar las medidas que en derecho correspondan respecto de aquellos”.

Además, instruyó tanto a la Subsecretaría como el Instituto Nacional de Derechos Humanos iniciar un proceso disciplinario con el objeto de investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos descritos.

Ahora, la entrega de las pensiones de gracia avanzará en carriles separados: uno administrativo y otro penal. El primero se resolverá durante las próximas semanas por Contraloría, quienes deberán verificar si se fundan en derecho o no los argumentos del Ejecutivo para revertir estos pagos, y el segundo será investigado por el Ministerio Público.

La Fiscalía ya activó las primeras diligencias en el caso, citando a declarar a los funcionarios del Departamento de Acción Social (DAS), incluida su directora, Sandra Guerra.