El Juzgado de Garantía de Cañete mantuvo la prisión preventiva de Juan Carlos Reinao Marilao, exalcalde de Renaico, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de violación (4), abuso sexual agravado (3) y aborto, cometidos entre 2006 y 2020.

En la audiencia de revisión de la prisión preventiva, el magistrado Josué Martínez Pinto desestimó las alegaciones de la defensa, al considerar que, lejos de variar las circunstancias que se tuvieron presentes al decretar la medida cautelar, se han agregado antecedentes para justificar la cautelar que pesa sobre el imputado.

Según el ente persecutor, entre 2006 y 2020, Reinao Marilao cometió los delitos imputados en contra de cinco víctimas, dos de ellas adolescentes a la época de los hechos, en las comunas de Tirúa, Contulmo, Renaico, Santiago y Negrete, aprovechándose –en diversas ocasiones- del cargo de alcalde de la comuna de Renaico.

Reinao Marilao se entregó en la madrugada del 12 de noviembre pasado en la cárcel de Traiguén después de permanecer prófugo de la justicia durante nueve días, tras decretarse su prisión preventiva por delitos sexuales el 3 de noviembre.

En la audiencia de formalización, el magistrado Cristián Rosenberg ordenó el ingreso del jefe comunal a la cárcel de Traiguén por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Sin embargo, Reinao no se presentó en ese penal y provocó las críticas incluso del Gobierno en contra del Poder Judicial por autorizar una audiencia telemática en el caso del alcalde, lo que le permitió usar su red de apoyo en la Macrozona Sur.

Al día siguiente, desde la clandestinidad, aseguró que “hace poco, fui acusado de delitos de carácter sexual por un abogado conocido por sus relaciones con el hampa y con el mundo del narco, y que, entre otras, tiene a su haber casi una decena de denuncias por robo, prevaricación, estafa, abusos sexuales, entre otras”.

“En mi contra, no se acompaña prueba alguna. Se reiteran historias antiguas, a las que nunca consideré necesario hacerles caso. Incluso algunas de ellas están sobreseídas y ni siquiera fueron presentadas por el fiscal”, señaló.

El 9 de noviembre difundió otra declaración en la cual anunció que “por la verdad, quiero contarles a todos los que de una forma me estiman, contarle a mi familia, que tomé la decisión de enfrentar la Justicia aunque no estoy de acuerdo con lo que se dictaminó”.

Añadió que se entregaría “por el bien de todos mis amigos, colegas de trabajo, de tratar de los recursos que se están invirtiendo en buscarme, se inviertan en lo que realmente importa en Chile, que es la seguridad, el narcotráfico, entre otras cosas”.

Sobre su fuga, dijo que “fue una decisión personal, pero ya después de una larga reflexión de varios días, voy a hacer lo que se tiene que hacer, porque sé que esto se va a aclarar, para el bien de Chile, se va a aclarar para el bien de todos y particularmente para mi entorno y también, particularmente para mi familia”.

El fiscal Gonzalo Martínez indicó que dos de las víctimas eran menores de edad al momento de sufrir los delitos. “Estaban en una situación de vulnerabilidad y el alcalde les había realizado propuestas de becas de estudio”, aseguró el persecutor.