En el noticiario de Chilevisión se reveló un video que podría ser clave en la investigación del caso de la joven Antonia Barra, quien se suicidó el año pasado luego de ser violada en una discoteca de Pucón.

En las imágenes se aprecia una especie de discusión y de acoso de parte de Martín Pradenas, imputado por abuso sexual y violación, hacia la joven. El video fue grabado por un guardia de seguridad.

El abogado querellante Roberto Celedón expresó al canal que “no es una persona (por la joven) que participe. Es una persona que no tiene el control”.

A su vez, la psicóloga Javiera Donoso señaló que las imágenes demuestran “el estado de vulnerabilidad en el que Antonia se encuentra en ese momento”.

Sin embargo, el abogado defensor Gaspar Calderón afirmó que “para mí, no permite ninguna interpretación. Una pareja que viene transcurriendo por la calle y se dirigen, tomados del brazo, sonriendo, con algunos actos que indican que venía algo en relación con lo que iba a pasar”.

El reportaje de CHV también tuvo acceso a un informe policial de la Brigada de Delitos Sexuales de Temuco que reúne testimonios de víctimas y testigos cercanos a Martín Pradenas y Antonia Barra, que afirman que el imputado solía tener conductas abusivas en el plano sexual.

La familia de Pradenas, a su vez, presentó un recurso de protección, asegurando que “se ha producido una grave, intensa, repetitiva y masiva mediatización en las redes sociales que se ha traducido en un acoso permanente por medio de mensajes, carteles, graffitis y ataques denominados funas que han involucrado recta y concretamente nuestra seguridad y vida personal, al convertirnos en blancos de activistas, manifestantes y desquiciados que dan como hecho cierto la comisión de un delito de violación como causa directa de la muerte de esta persona”.

El recurso apunta a la familia de Antonia, a la que acusan de “inundar las redes sociales de acusaciones, insultos y fantasías sobre la culpabilidad de Martín Pradenas en el episodio de delito sexual que sostienen habría sucedido”.

El recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco, que ordenó a los recurridos a abstenerse de divulgar datos y antecedentes de los recurrentes a través de las redes sociales.