Las autoridades sauditas revisan la pena de muerte pronunciada contra tres hombres por delitos cometidos cuando eran menores, indicó un comunicado oficial este jueves, en un momento en el que el reino busca restaurar su reputación en materia de derechos humanos.
Ali al Nimr, Dawood al Marhoon y Abdalá al Zaher, activistas de la minoritaria comunidad chiita, fueron detenidos en 2012, cuando aún eran menores, por haber participado en manifestaciones antigubernamentales.
La fiscalía ordenó esta semana que se estudien de nuevo las penas capitales en estos tres casos, anunció la Comisión de Derechos Humanos, un organismo gubernamental, en un comunicado.
En abril, esta comisión había anunciado, citando un decreto real, la supresión de la pena de muerte por delitos cometidos por menores, unos días después de la abolición de la flagelación.
El anuncio del jueves “supone un gran avance en la aplicación de una importante reforma del sistema jurídico y en el avance de los derechos humanos en Arabia Saudita”, declaró en un comunicado Awwad Al Awad, jefe de la Comisión.
Las familias de los tres condenados no fueron informadas oficialmente, pero conocieron la noticia por los medios de comunicación, afirmaron activistas.
“El anunció de revisar las penas de muerte contra tres jóvenes […] supone un paso esperado desde hace mucho tiempo hacia la justicia”, afirmó Philip Luther, responsable para Oriente Medio y el norte de África en Amnistía Internacional.
“Llamamos a las autoridades sauditas a garantizar que en caso de nuevo juicio, este se celebre de manera justa y transparente […] Las autoridades deben igualmente garantizar que las ‘confesiones’ obtenidas bajo tortura no se utilicen”, añadió.
La oenegé Reprieve celebró igualmente este anuncio y recordó que cuatro personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores se enfrentan actualmente a la ejecución en Arabia Saudita. Fiscales piden además la pena de muerte para otros nueve jóvenes, añadió.
Oenegés internacionales acusan al reino ultraconservador de violar los derechos humanos, en especial desde el asesinato en octubre de 2018 del periodista Jamal Khasshogi.
El país cuenta con uno de los índices de ejecución más altos del mundo.
