Por 64 votos a favor, 59 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este martes la insistencia del Gobierno y reintegró a trámite el proyecto de reajuste del sector público. La Corporación había rechazado la idea de legislar el jueves pasado, pero este lunes el Senado aprobó la insistencia y en esta jornada fue el turno de la Cámara.

Por efecto de lo anterior, la propuesta fue derivada a la Comisión de Hacienda donde será debatida en particular, de modo de entregar un informe a la Sala esta misma tarde, en una sesión especial que se celebrará para tal efecto a partir de las 16 horas.

El texto conserva el grueso de sus normas originales, esto es, un reajuste diferenciado, al 1 de diciembre de 2020: para los funcionarios cuyas remuneraciones brutas sean iguales o inferiores a un millón 500 mil pesos, el aumento será de 2,7% (equivalente al IPC acumulado a noviembre).

En tanto que para quienes superen el mencionado margen de ingreso, el incremento será de 0,8%. Se excluyen del beneficio las altas autoridades del país y jefes de servicios, entre otros.

Asimismo, el proyecto mantiene la generalidad de bonos, aguinaldos y asignaciones complementarias que se presentaban antes, así como un conjunto de modificaciones misceláneas que afectan diversas leyes y áreas.

La novedad es una indicación ingresada por el Gobierno que incorpora un bono de 200 mil pesos, no imponible, que fue acordado con los siete gremios de la salud. El monto indicado corresponderá a una jornada ordinaria de trabajo de 44 horas semanales y se entregará de manera proporcional, si fuera esta inferior.

Este “bono de emergencia sanitaria Covid-19” no constituirá renta para ningún efecto legal. Se enterará en una sola cuota, a más tardar, en enero de 2021, a cerca de 200 mil funcionarios del sistema público de salud en servicio a la fecha de su pago.