Carabineros detuvo a nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, quienes son sindicados como los responsables del delito de tráfico de personas, luego de que cobraran dinero para que extranjeros llegaran a Chile por pasos no habilitados.

El hecho fue descubierto este lunes mientras personal de la Subcomisaría Colchane efectuara patrullaje aéreo con drones, momento en que fue detectada una casa en el poblado de Pisiga Choque, donde se encontraba una gran cantidad de migrantes.

El capitán Cristóbal Verdugo, subcomisario de Subcomisaría Colchane, notificó que “entrevistándose con ellos, manifiestan que habían sido traídos al país mediante un pago, divisando una cantidad de 49 migrantes, en su mayoría venezolanos. De ellos, ocho son mayores de edad y se procedió a nueve ciudadanos bolivianos, los cuales mediante engaño trasladarían a estas personas a la ciudad de Iquique”.

Continuando la inspección, en el patio del recinto además encontraron 12 vehículos de diferentes marcas, uno de los cuales tenía encargo por robo con intimidación vigente de la comuna de Alto Hospicio, información que fue entregada a la Fiscalía para que los nueve involucrados pasen a control de detención durante esta jornada.

GALLI Y MIGRANTES

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió, precisamente, a la situación migratoria del país, donde expuso que “¿qué ha cambiado desde marzo a la fecha? lo que ha cambiado es el criterio de nuestros tribunales de justicia respecto de si es suficiente el ingreso por paso no habilitado para ser expulsado de nuestro país. Reiterados fallos de febrero de este año decían que la autoridad administrativa actuaba con estricto apego a la Constitución, cuando basado en un informe policial que daba cuenta del ingreso no habilitado decretaba una expulsión”.

“Eso cambió, ahora hay que tener en consideración otros criterios incluso llegando en el último tiempo a exigir que se cometa otro ilícito distinto del ingreso por paso no habilitado para poder dar lugar a la expulsión”, añadió.

“Como país pongámonos de acuerdo, porque si el ingreso clandestino a Chile está prohibido por ley, lo que le corresponde al gobierno es hacer cumplir la ley. Si los tribunales de justicia consideran que el ingreso por pasos no habilitados no es suficiente infracción para dar lugar al procedimiento administrativo que puede terminar en la expulsión, entonces vamos a tener que cambiar la forma y las leyes respecto de la migración”, cerró.