El diputado Rodrigo González (PPD) acusó una situación que involucra a funcionarios y extrabajadores de la Corporación Municipal de Viña del Mar y que podría revestir en un delito relacionado, entre otras cosas, a venta de dentadura de cadáveres.
Lo más complejo, sostuvo, es lo ocurrido en el cementerio Santa Inés, de administración municipal, donde el exgerente Rodrigo Macuada y su secretaria tendrían relación en la exhumación y traslación de cadáveres, a los cuales se extraía dentaduras para obtener metales preciosos.
Según se detalla en la denuncia presentada por González, el 8 de abril de 2020 Juan Carlos Herrera, trabajador del cementerio de Santa Inés, recibió la orden de abrir una bóveda, dándole la instrucción de remover los restos de un menor, llegando al lugar un funcionario quien comenzó a retirar restos de otros cadáveres, particularmente piezas dentales enchapadas en oro, fundas dentales de igual tipo y objetos de valor, bajo instrucciones del administrador del lugar.
Asimismo, acusó que este funcionario recibió una indemnización ilegal ordenada por el gerente Claudio Boisier, a pesar que Macuada fue despedido por tutela laboral.
Sin embargo, el legislador no se quedó ahí y apuntó que los macabros hechos se habrían producido en otras ocasiones, respecto de numerosos cadáveres, razón por la cual Juan Carlos Herrera presentó una querella por el delito de exhumación y traslación de cadáver, tipificado y sancionado en el artículo 322 del Código Penal y por el presunto delito de hurto agravado presentados por el abogado Cristian Muñoz en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar.
“El papel que jugará el Ministerio Público será vital para determinar el o los responsables de lo ocurrido en el cementerio, y otras situaciones anómalas derivadas de una operación informática en computadores de la Corporación de Viña para manipular archivos y documentos contables según correos electrónicos comprobatorios que fueron proporcionados a la Fiscalía. Tal operación buscaría proteger auditorías, encubriendo información sensible que afecta al gerente Boisier”, comentó González.
“Se ha producido la desviación de caudales públicos a través de finiquitos a una funcionaria pública por más de 19 millones de pesos, utilizando fondos de la Corporación que están destinados a otros objetivos. Dicho finiquito debió generarse desde el Mineduc, y no desde la Corporación Municipal. En la presentación se adjuntó la documentación que respalda los hechos denunciados”, cerró.
