El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de Bastián Muhlhauser Aravena y todos quienes resulten responsables de delitos informáticos, sin perjuicio de cualquier otro ilícito que pueda acreditarse durante la investigación que desarrolla el Ministerio Público por el hackeo al Gobierno Digital.
Muhlhauser fue formalizado el 22 de octubre pasado en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y desde entonces se mantiene en prisión preventiva por su responsabilidad en los hechos ocurridos en agosto pasado, cuando accedió ilegalmente a la plataforma de la División de Gobierno Digital.
Posteriormente, indicó el CDE, a principios de octubre procedió a alterar el sitio web con mensajes en que afirmaba tener “cientos de gigabites de bases de datos de Comisaría Virtual, el código fuente de Clave Única entre otras sorpresas”.
Además, el querellado publicó links que permitían descargar información de diversa relevancia, obtenida tras atentar contra el sistema de tratamiento de información del Estado.
El CDE subrayó la gravedad de los hechos cometidos, dada la afectación que provocaron a la fe pública de miles de chilenos respecto de la seguridad del tratamiento digital de datos sensibles que presta la Administración del Estado, los que fueron maliciosamente revelados.
Según el CDE, también causó un perjuicio patrimonial al Fisco y desde ese punto de vista, los hechos denunciados serían constitutivos de delitos que causan un profundo daño a los sistemas digitales del Estado.
“Los hechos relatados dan cuenta de la vulneración y/o afectación a un sistema informático que, además, ha causado un perjuicio al sistema de trámites digitales de la Administración del Estado, que se financia con fondos públicos y que significaron gastos en que ha debido incurrir la Administración”, indica la querella.
“El imputado intercepta, interfiere o accede a las bases de datos del sistema de trámites digitales de la Administración del Estado y maliciosamente los revela o difunde después, causando, además un perjuicio patrimonial al Fisco y a la fe pública”, subraya el libelo.
