A las 10:00 horas de este domingo 4 de julio, los 155 elegidos de los comicios del pasado 15 y 16 de mayo fueron convocados para realizar la primera sesión de la Convención Constitucional en el ex Congreso de Santiago.

Y si bien aún no se realiza la ceremonia, varios puntos han generado discordia entre los convencionales y el Gobierno, el cual insiste en que la instancia será completamente autónoma y no tendrá injerencia externa.

La primera controversia llegó tras el llamado de 34 constituyentes a desconocer las normas impuestas en el Acuerdo por la Paz y hacer respetar la independencia de la instancia. Luego, vino la negativa del secretario ejecutivo de la Convención, Francisco Encina, ante algunas peticiones de constituyentes de los pueblos originarios, como la instalación de símbolos indígenas en la ceremonia y el permiso para llevar acompañantes para realizar sus ritos de acuerdo a sus cosmovisiones.

Además, a ambas polémicas se sumó el llamado de la Lista del Pueblo a congregarse a las 8:15 horas del día de la Convención. ¿El objetivo? Manifestarse por las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y marchar rumbo al exCongreso antes del inicio de la primera sesión.

Sin embargo, existe otro punto que ha generado tensión entre los convencionales y el Gobierno. Se trata del financiamiento, así como también el hospedaje para quienes viajen desde regiones hasta la capital.

En concreto, el Congreso aprobó $6.708,25 millones en la Ley de Presupuesto para el funcionamiento de la Convención para utilizarse entre junio y diciembre de 2021.

Si bien aseguran no tener problemas con las remuneraciones -2,5 millones de pesos mensuales por desempeñar la función-, un grupo de constituyentes cuestionó los $1.407.460 asignados para “financiar las asignaciones que se establezcan en el reglamento de la Convención”, dinero que sirve para pagar a asesores y personal técnico.

Gloria Alvarado, constituyente de la Lista del Pueblo, cuestionó en una reunión: “Sentimos que estos temas se han abordado de forma unilateral, sin considerar la opinión de los constituyentes (…) Hay recursos que son estratosféricos, como la habilitación del Palacio Pereira, el servicio de seguridad, versus lo que se destina a los equipos de trabajo que requieren los constituyentes en los territorios, porque la Constitución se elabora con el pueblo”.

Alvarado estimó que se debería pagar “sueldos dignos al equipo más cercano, y que estímanos debieran ser al menos tres personas”.

De todas formas, en la reunión aseguraron que no aspiran a tener ingresos similares al Congreso -que cuenta con $6 millones de presupuesto para cumplir la función-, pero sí estimaron que solicitarán la revisión e incluso podrían pedir anular las licitaciones.

“No queremos que desde el Gobierno se sigan aprobando los recursos para tales o cuales ítem sin consulta. Queremos que los gastos sean aprobados por la Convención”, indicó Alvarado.

En la misma línea, Giovanna Grandón, conocida como “Tía Pikachu” y también constituyente de la Lista del Pueblo, señaló en un comunicado que “existe mucha confusión respecto del presupuesto asignado. En la reunión de constituyentes autoconvocados se planteó que el presupuesto para ‘asesores’ era muy bajo; cabe mencionar que representa sólo el 10% del presupuesto que tiene la Cámara de Diputados, lo que demuestra la poca importancia y el nulo interés del gobierno por facilitar un proceso tan importante como es la construcción de una nueva Constitución”

Mientras, desde la vereda de los constituyentes de Vamos por Chile apelan a un presupuesto más austerio. Marcela Cubillos (UDI), constituyente del distrito 11,1 indicó que “en tiempos de crisis como los que enfrentamos, no más recursos públicos para la política. El gasto del Estado debe dirigirse hacia los miles de chilenos que lo están pasando mal con esta larga crisis”.

Al respecto fue consultado el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, quien detalló que el tema de las asignaciones “no depende del Ejecutivo, depende de la Convención. Depende del reglamento y del comité de asignaciones que la Convención requiera”.

“Cuando el comité de asignaciones resuelva, podremos conversar si es necesario un aumento en las asignaciones. Y, por lo tanto, eso es algo que lo tendrá que definir la Convención en conjunto con el Gobierno. Nosotros encantados de conversarlo”, agregó.

El Parlamento responde

En tanto, desde el Parlamento se pronunciaron por el requerimiento para subir los montos. Aseguran que no pudieron tramitar una cantidad más alta debido a que existían muchos elementos sobre la naturaleza de la Convención que aún no estaban definidos.

El asunto fue debatido en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde el diputado Guillermo Ramírez (UDI) indicó: “Me parece que es algo razonable, que se puede discutir, sobre todo si se está pidiendo más plata para material y personal de apoyo. Con más expertos que los puedan asesorar, la Constitución va a quedar mejor y eso nos beneficia a todos”.

En la misma línea, su par Giorgio Jackson (RD) recordó que en la discusión de la Ley de Presupuesto quedó especificada la posibilidad de aumentar los recursos: “Ese aumento depende del reglamento que definan las y los convencionales y es muy importante que el Estado disponga de esos recursos para garantizar su autonomía”.

Posteriormente, Jackson acusó en La Tercera que “no podíamos asignar más recursos hasta que no se tuviera en consideración el reglamento, las formas de participación ciudadana, etc. Si lo pensamos fríamente, la CC tiene un presupuesto equivalente a un quinto de lo que se destina en la Cámara, para una función que será clave para los próximos 30 años”.

Mientras, el senador Carlos Montes (PS) señaló al mismo medio: “Yo presidí la subcomisión que analizó el tema de los recursos para la constituyente, hicimos presión para subirlo gracias a que logramos influir en Monckeberg, y siempre se dijo que ese monto asignado era la base”. Esto en referencia al exministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, hoy electo constituyente.

“Deben incorporarse los viajes, las comunicaciones, si se va a recurrir a un canal de TV o van a pedir espacio en los canales del Congreso, que es gratuito. Con propiedad puedo decir que este tema está abierto, y les sugiero que para evitar complicaciones se abra luego la conversación presupuestaria a través de la mesa, y que soliciten ayuda a quienes saben de esto”, agregó.

De esta forma, es probable que el tema del financiamiento -entre muchos otros- se zanje después de la primera sesión de la Convención Constitucional, para la cual queda cada vez menos y donde finalmente comenzará a escribirse la futura Carta Magna del país.