Se trata del general de división Rodrigo Urrutia, quien habría negado una información solicitada sobre unas adquisiciones mediante la Ley Reservada del Cobre, por la que el Consejo de Defensa del Estado presentó una denuncia en contra del oficial el pasado 6 de noviembre.
Una nueva investigación que se suma a las más de 30 aristas que sustancia, sumó la ministra Romy Rutherford en el caso Fraude en el Ejército, luego que a sus manos llegara una denuncia interpuesta contra la tercera antigüedad de la rama castrense por el presunto delito de falsedad militar. Se trata del general de división Rodrigo Urrutia Oyarzún, quien habría negado una información solicitada sobre unas adquisiciones realizadas con la Fábrica de Maestranzas del Ejército (FAMAE) mediante la Ley Reservada del Cobre, cuando se desempeñaba como jefe del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF). Así consta, según informa este martes La Tercera, en la acción judicial emprendida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentada el 6 de noviembre pasado ante la justicia militar, donde la jueza que concentra las causas relativas a irregularidades y delitos en la institución armada abrió un nuevo cuaderno para indagar esta situación. El libelo del organismo denunciante indica que Urrutia emitió un certificado de búsqueda en decía que no existían antecedentes, en respuesta a una consulta de periodista sobre los “contratos de adquisiciones realizadas por el CAF en que FAMAE haya sido el intermediario”. No obstante, el CDE sostiene que la información sí existía y que el indagado oficial habría incumplido con su deber militar de proporcionarla, haciendo presente que el “Informe de Auditoría de Contraloría de fecha 15 de enero de 2014 en el que queda de manifiesto que lo informado por el Ejército es falso y el certificado mendaz que se refiere (el) presente escrito falta a la verdad en la narración de los hechos sustanciales”. Este caso ya estaba en manos de la Fiscalía Centro Norte, pues en un comienzo el Consejo para la Transparencia (CPT), organismo que comenzó recabando los antecedentes, hizo la denuncia ante el ministerio público, pero por tratarse de fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, el CDE interpuso la acción en la justicia militar. La jueza Rutherford ya remitió una orden de investigar la falsedad militar a la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI.
