La Contraloría ratificó la determinación de la Municipalidad de Lo Espejo de destituir al funcionario Jaime Sánchez Veloso, de dotación de la Dirección del Tránsito, por haber incurrido en cohecho al vender licencias de conducir fraudulentas.
El ahora exempleado fue notificado el pasado miércoles 31 de julio, por lo que de inmediato dejó de pertenecer al municipio y además perdió sus cargos como presidente de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad (Fentramuch) de Lo Espejo, y dirigente nacional de la organización.
Los hechos denunciados en contra de Jaime Sánchez ocurrieron los días 30 de abril y 29 de julio de 2014, en dependencias municipales, cuando Rafael Bustamante Ponce le pagó $90 mil, al igual que Paola Zúñiga Ponce que le entregó en dos ocasiones $150 mil, de parte de terceras personas y, finalmente, Armando Romo Godoy que le pasó $200 mil, a cambio de obtener sus respectivas licencias de conducir clase “B”.
A raíz de dichas denuncias se instruyó un sumario administrativo por presuntas irregularidades administrativas acontecidas en la Dirección del Tránsito, cuyo fiscal formuló cargos el 6 de marzo de 2017 y 12 de octubre de 2018, por infringir el principio de probidad administrativa.
Ante dicha situación, se dictó el decreto alcaldicio N° 1.585, que le aplicó la medida de destitución, el 3 de abril de 2019.
El afectado recurrió ante la Segunda Contraloría Regional Metropolitana, cuestionando tanto la legalidad del sumario, como el contenido de las drásticas medidas disciplinarias decretadas en su contra.
Sin embargo, tras analizar todos los antecedentes del caso, el organismo fiscalizador de las instituciones públicas resolvió ratificar la medida de destitución de Jaime Sánchez Veloso.
“Ha quedado demostrado que el sancionado tuvo un actuar negligente reprochable, motivo por el cual la medida que se le impuso finalmente –destitución- tiene correspondencia con la entidad del proceder imputado y que se encuentra debidamente comprobado”, señala textualmente el dictamen.
Finalmente, la resolución indica que el acusado tenía “el deber de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función, ya que dichas conductas afectaron el comportamiento particular del recurrente como empleado, conllevando el desprestigio del municipio y una falta de lealtad debida a sus jefaturas, a sus compañeros o a la comunidad en los términos de la referida norma de la ley 18.883”. Simultáneamente, en el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago se instruye una investigación desformalizada en contra el destituido empleado por el presunto delito de cohecho.
El afectado recurrió ante la Segunda Contraloría Regional Metropolitana, cuestionando tanto la legalidad del sumario, como el contenido de las drásticas medidas disciplinarias decretadas en su contra.
Sin embargo, tras analizar todos los antecedentes del caso, el organismo fiscalizador de las instituciones públicas resolvió ratificar la medida de destitución de Jaime Sánchez Veloso.
“Ha quedado demostrado que el sancionado tuvo un actuar negligente reprochable, motivo por el cual la medida que se le impuso finalmente –destitución- tiene correspondencia con la entidad del proceder imputado y que se encuentra debidamente comprobado”, señala textualmente el dictamen.
Finalmente, la resolución indica que el acusado tenía “el deber de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función, ya que dichas conductas afectaron el comportamiento particular del recurrente como empleado, conllevando el desprestigio del municipio y una falta de lealtad debida a sus jefaturas, a sus compañeros o a la comunidad en los términos de la referida norma de la ley 18.883”. Simultáneamente, en el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago se instruye una investigación desformalizada en contra el destituido empleado por el presunto delito de cohecho.
