Diputados de la Comisión de Economía, encabezados por su presidente, el diputado Pedro Velásquez, acompañado de los diputados Boris Barrera (PC) y Jaime Naranjo (PS), emplazaron al Gobierno para que se haga parte de la defensa de la institucionalidad del Congreso respecto de la Ley de la Jibia y pidieron al subsecretario de Pesca que cumpla su palabra de apoyar a pescadores artesanales, tras solicitud de industriales al Tribunal Constitucional (TC), que piden volver a realizar pesca de arrastre de este recurso marino.

Velásquez dijo que “la Comisión de Economía por mayoría absoluta de sus miembros, determinó enviar una carta al Presidente de la República al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca, en relación a la situación que está afectando a cientos de miles de pescadores y sus familias por la solicitud de una empresa al TC con la finalidad de dejar sin efecto esta normativa”.

El parlamentario independiente por  Coquimbo agregó que “el Gobierno ha señalado que simpatiza con los pescadores artesanales, no obstante vemos que esa simpatía es un tanto irónica y por ello necesitamos que el Gobierno se haga parte con sus mejores constitucionalistas, que luche por los pescadores artesanales, dado que este proyecto fue dictado bajo la voluntad de ambas Cámaras y promulgado por el Presidente Piñera. Por lo tanto el hecho de mirar desde la misma vereda, pero sin hacer acciones efectivas, es la oportunidad de que el gobierno evite nuevas manifestaciones de los pescadores artesanales a nivel nacional”.

Del mismo modo, el diputado comunista, Boris Barrera, sostuvo que “se trata de la empresa Landes que recurrió al TC para hacer inaplicable la ley que prohíbe la pesca de arrastre del recurso jibia. El Gobierno tiene el deber constitucional de defender la ley, porque es el que la lleva a cabo y el que hace el decreto es la Subsecretaría de Pesca y por lo tanto, está en la obligación de hacerlo. Lo que decimos, es que tienen que hacerlo con ímpetu, con ganas. Primero, desde el punto de vista de la defensa de la pesca artesanal, porque permite que el recurso sea sustentable, que no se mate el medioambiente y por otro lado, porque la ley se hizo de manera democrática, apoyada y aprobada ampliamente por la Cámara y el Senado y lo que cabe  es cumplirla y lo que corresponde al gobierno es defenderla”.

Jaime Naranjo, parlamentario socialista, reiteró que “una vez más se quiere entorpecer y retrotraer la voluntad popular, acudiendo al Tribunal Constitucional, y esto normalmente lo hacen quiénes tiene recursos, para torcer la voluntad de un poder del estado. Por eso creemos que es importante que el Gobierno no se haga cómplice de esto. Acá hay que defender a los más débiles que son los pescadores artesanales y no a las grandes empresas pesqueras”.