Casi 2.100 personas fueron desaparecidas a la fuerza en el área donde hoy se construye la mayor hidroeléctrica en Colombia, según reveló este miércoles el poder judicial que investiga los peores crímenes del conflicto interno. 

Estos crímenes, que se produjeron en el marco del enfrentamiento entre fuerzas guerrilleras, paramilitares y del Estado colombiano, tuvieron un “incremento inusitado” a partir de 1996.

Sin embargo, el “número de desapariciones se reduce de manera consistente” desde 2010, señaló en un comunicado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada a partir de los acuerdos de paz de 2016 con los rebeldes de las FARC.

Los grupos enfrentados, principalmente los paramilitares que en la época combatían a la exguerrilla, sembraron terror con esta práctica en un vasto territorio del departamento de Antioquia (noroeste), bañado por el río Cauca y donde se llevan a cabo las obras de la megarrepresa Hidroituango. 

“En esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente”, denunció la JEP, que documentó 2.094 víctimas dentro del proceso de medidas cautelares que impuso para proteger los lugares donde podrían hallarse algunos cuerpos.

Solo este año la JEP ha ubicado ocho de ellos “con signos de muerte violenta” en el área de la hidroeléctrica. La Fiscalía, por su parte, exhumó otros 176 despojos en los últimos años en la misma zona, de acuerdo con el comunicado. 

El primer organismo agregó que inspeccionará las “zonas inmediatas afectadas por el proyecto”, ante información que apunta a la existencia de más “lugares de inhumación” con posibles víctimas.

De momento, ni la JEP ni Hidroituango han precisado si las investigaciones podrían incidir en los trabajos en curso.

El proyecto energético está bajo la lupa de la Contraloría General por los retrasos y un millonario sobrecosto.

Con un presupuesto inicial de unos 1.700 millones de dólares, la construcción pasó a valer el equivalente a 3.700 millones.

Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).

Aunque el desarme de los paramilitares (2006) y las FARC (2017) redujo la intensidad del conflicto, Colombia está abocada a un nuevo ciclo de violencia por cuenta de las organizaciones que se financian del narcotráfico.

En casi seis décadas de lucha interna se han reportado nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, siendo estos últimos los que componen la mayor población afectada.