El desfile de carnaval arrancó este jueves en Colonia bajo reforzadas medidas de seguridad tras los abusos sexuales a mujeres y robos masivos registrados en esa ciudad alemana el pasado 31 de diciembre, atribuidos principalmente a magrebíes, incluidos algunos solicitantes de asilo.

De acuerdo a la tradición extendida en la Cuenca del Ruhr, a las 11:11 hora local se dio la señal de inicio de las fiestas en la calle, tanto en Colonia como en Maguncia, Düsseldorf y otras ciudades de la región.

Solo en Colonia se ha organizado un dispositivo de 2.500 policías, tres veces más que el año pasado, para evitar situaciones como las vividas la pasada Nochevieja y también ante la alerta antiterrorista general que rige también desde entonces en Alemania.

Junto a las patrullas policiales se han establecido puntos de atención para mujeres junto a la estación central de ferrocarril, el lugar donde ocurrieron los ataques, tras la que se presentaron cerca de mil denuncias, de las cuales un 45% por delitos sexuales.

A principios de esta semana, las autoridades colonesas anunciaron que se actuará con mano dura ante cualquier agresión, independientemente de los agresores.

En total, en al menos 12 ciudades alemanas se produjeron abusos e incidentes similares a los de Colonia.

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

En medio de la alarma creada por esa situación, el Gobierno de la canciller Angela Merkel aprobó a finales de enero un proyecto de ley para agilizar la expulsión de los extranjeros que cometan delitos.

La iniciativa fue consensuada por la gran coalición entre conservadores y los socialdemócratas después de confirmarse la presencia de solicitantes de asilo entre los sospechosos de las agresiones sexuales registradas.

Según la nueva normativa, se podrá expulsar del país a los extranjeros condenados a penas de prisión por delitos sexuales, contra la vida, la integridad física o contra la propiedad cometidos con violencia y de forma reiterada y se estimará que hay un “especial interés” si la condena es de un año o más.

Se facilita además la retirada del derecho de asilo a los solicitantes y a los refugiados reconocidos que sean condenados a más de un año.