“El gobierno federal seguirá la investigación del asesinato de la concejala Marielle Franco y del conductor que le acompañaba este miércoles”, indicó el gobierno en una nota.
Muy activa en la lucha por los derechos humanos, Franco regresaba a su domicilio cuando un auto se aproximó al suyo y le disparó varios tiros, informó el sitio G1. Según las primeras informaciones, ella y el conductor murieron en el acto, en tanto que su asistenta habría logrado salir con vida del ataque.
El Partido Socialismo y Liberdade (PSOL), al que pertenecía la edil, lamentó la muerte de su militante y expresó su “indignación” por lo ocurrido.
Franco denunció en las últimas semanas un incremento de la violencia policial en las favelas y se opuso a la intervención militar del área de la seguridad de Río, decretada por el presidente Michel Temer para tratar de contener una escalada de violencia que no para de crecer desde el fin de los Juegos Olímpicos de 2016.
Pero el PSOL y sus allegados dijeron que la dirigente no había dado parte de ningún tipo de amenazas en los últimos tiempos.
En las redes sociales, se multiplicaban los llamados para organizar manifestaciones frente a la Asamblea Legislativa de Río (Alerj) y en otros puntos de la ciudad.
“¡Marcha contra el genocidio negro! SOMOS Marielle Franco”, decía una de esas convocatorias, que en pocas horas había recogido unas 20.000 promesas de asistencia.
También se organizaban otras protestas en Sao Paulo y Belo Horizonte.
Franco había entrado en la Cámara Municipal de Río en las pasadas elecciones de 2016, cuando fue la quinta concejala más votada con 46.000 apoyos, según recoge el diario O Globo.
Nacida y criada en el complejo de favelas da Maré, una de las zonas más violentas de Río, se había graduado en Sociología y realizó una maestría en Administración Pública por la Universidad Federal de Río. Trabajó como asesora del diputado del Estado de Río y excandidato a alcalde, Marcelo Freixo.
Hace dos semanas, asumió la función de relatora de la Comisión de la Cámara de Concejales de Río creada para vigilar la actuación de las topas a cargo de la intervención militar del área de seguridad de Río.
La intervención, sin precedentes desde el retorno de la democracia en 1985, fue criticada por defensores de los derechos humanos, que temen que durante las operaciones se cometan abusos contra los habitantes de las favelas.