La millonaria estafa realizada en los sindicatos de la Corporación del Cobre (Codelco) en materia de seguros de vida para los trabajadores de la cuprífera, ya tiene sus primeros efectos sobre quienes habrían cometido el delito que encendió las alarmas de la empresa y motivó una querella.
Se trata del despido de tres dirigentes sindicales que encabezaron las organizaciones de los trabajadores de las divisiones Radomiro Tomic y Chuquicamata durante el tiempo en que cometió el delito (2007-2018), al realizar contratos por un 68% de sobreprecios de las pólizas que pagaban los empleados y la firma, a cambio incentivos económicos otorgados por las aseguradoras GyS y Chilena Consolidada.
De hecho, un dirigente sindical involucrado admitió que recibieron dineros de parte de GyS para presupuestos que permitieran después renovar los vínculos.
Junto con esa medida, la firma optó por desaforar de sus cargos a los actuales directivos de las cuestionadas agrupaciones sindicales, mientras se realiza la indagatoria motivada por la acción legal de la minera estatal por el perjuicio cometido que asciende US$20 millones.
La situación quedó al descubierto con una denuncia anónima que recibió el ministro de Minería, Baldo Prokurica, recibiera una denuncia anónima que le reveló que algunos de los sindicatos habrían recibido pagos para favorecer contratos con. Los perjuicios ascenderían a US$20 millones.
Cabe recordar que en la última negociación colectiva la adquisición de los seguros volvió a estar a cargo exclusivo de esta materia.
Todo este contexto fue relatado el martes por el secretario de Estado al Presidente Sebastián Piñera, con quien se reunió en La Moneda junto a parte del directorio de Codelco para abordar el tema.
“Hay que dejar que la justicia opere”, dijo a la salida de la cita el presidente del directorio de la empresa, Juan Benavides.
Las asociaciones aseguraron que colaborarán en la investigación, pero se defendieron explicando que los contratos de seguros eran de conocimiento público y autorizados por la minera.
Se trata del despido de tres dirigentes sindicales que encabezaron las organizaciones de los trabajadores de las divisiones Radomiro Tomic y Chuquicamata durante el tiempo en que cometió el delito (2007-2018), al realizar contratos por un 68% de sobreprecios de las pólizas que pagaban los empleados y la firma, a cambio incentivos económicos otorgados por las aseguradoras GyS y Chilena Consolidada.
De hecho, un dirigente sindical involucrado admitió que recibieron dineros de parte de GyS para presupuestos que permitieran después renovar los vínculos.
Junto con esa medida, la firma optó por desaforar de sus cargos a los actuales directivos de las cuestionadas agrupaciones sindicales, mientras se realiza la indagatoria motivada por la acción legal de la minera estatal por el perjuicio cometido que asciende US$20 millones.
La situación quedó al descubierto con una denuncia anónima que recibió el ministro de Minería, Baldo Prokurica, recibiera una denuncia anónima que le reveló que algunos de los sindicatos habrían recibido pagos para favorecer contratos con. Los perjuicios ascenderían a US$20 millones.
Cabe recordar que en la última negociación colectiva la adquisición de los seguros volvió a estar a cargo exclusivo de esta materia.
Todo este contexto fue relatado el martes por el secretario de Estado al Presidente Sebastián Piñera, con quien se reunió en La Moneda junto a parte del directorio de Codelco para abordar el tema.
“Hay que dejar que la justicia opere”, dijo a la salida de la cita el presidente del directorio de la empresa, Juan Benavides.
Las asociaciones aseguraron que colaborarán en la investigación, pero se defendieron explicando que los contratos de seguros eran de conocimiento público y autorizados por la minera.
