La familia de la suboficial mayor de Carabineros, Rita Olivares, decidió presentar una querella en el marco de la investigación que se desarrolla por su asesinato mientras estaba de servicio el pasado 26 de marzo en Quilpué, Región de Valparaíso.

La acción busca dos cosas: establecer las máximas responsabilidades penales de los seis formalizados hasta ahora por el delito de homicidio de carabinero en ejercicio de sus funciones y también aclarar si existe responsabilidad civil desde la institución y el Estado.

Con el fin de dilucidar si hubo una falta, la familia busca, por ejemplo, que se den a conocer los informes de la Central de Comunicaciones (Cenco) respecto al procedimiento al que Olivares concurrió ese día y las órdenes que recibió de sus superiores, así como también saber si contaba con los elementos y resguardos necesarios para llevar a cabo su trabajo.

El abogado querellante, Claudio González Salgado, explicó que esperan “establecer si Carabineros cumplió o no con su deber de proteger eficazmente la vida de la funcionaria”, ya que la institución “está obligada a dar las condiciones e instrucciones adecuadas para su seguridad y la entrega del equipamiento de defensa y seguridad necesario para el cumplimiento de sus funciones”.

Hasta el momento los imputados por el crimen son Luis Martínez-Conde Riesco, Edward Fuenzalida Leiva, Miguel Acevedo Tauda, Matías Peralta Parra, Maximiliano Fuenzalida Leiva y Elizabeth Soto Soto, todos involucrados en el robo a una vivienda en el sector de Belloto Sur que desembocó en la muerte de la funcionaria.

Al percatarse de la llegada de personal policial al atraco, los delincuentes comenzaron a disparar en al menos seis ocasiones en contra de los uniformados. En ese contexto, Olivares sufrió un balazo en su cabeza, a la altura de su oído derecho. Fue trasladada de urgencia al Hospital de Quilpué, donde se constató su fallecimiento.