La Fiscalía de la Nación de Perú presentó en la tarde del martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones, ante la Mesa de Partes del Congreso de la República.
Dicha acción, también apunta a los exministros Juan Silva del Ministerio de Transportes y Geiner Alvarado de Vivienda.
En el escrito presentado por la fiscal Patricia Benavides, afirma que el presidente peruano habría cometido los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Estos ilícitos estarían vinculados con el nombramiento de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petro Perú y a la licitación del Puente Tarata III.
Sobre el primer caso se tiene la hipótesis que el mandatario recibió la recomendación de su amigo Fermín Silva Cayatopa para colocar a Chávez como autoridad principal de la petrolera estatal con el objetivo que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias.
Cuando Chávez fue nombrado gerente general, Fermín Silva le otorgó 30 mil soles al presidente como compensación por su nombramiento.
En tanto, sobre el Caso Puente Tarata III, la hipótesis del fiscal afirma que Castillo confabuló junto con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, para beneficiar a Zamir Villaverde, amigo de Castillo Terrones y Hugo Meneses Cornejo con una obra pública por el valor de 232.5 millones de soles.
Dicha millonaria obra sería la del proyecto Puente Tarata III.
