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Fiscalía inicia indagatoria por irregularidades detectadas en recursos destinados tras megaincendio de Valparaíso

Según consignó Radio Biobío, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, sostuvo que “hemos recibido diversos informes de la Contraloría General de la República respecto a informes de carácter final ejecutados de la Dirección Regional de Arquitectura. Estos inciden efectivamente en los lamentables episodios y siniestros de incendios ocurridos en el mes de febrero del 2024 en Valparaíso”.

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El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, confirmó que el Ministerio Público inició una indagatoria a raíz de las millonarias irregularidades que la Contraloría detectó en recursos destinados tras el megaincendio de 2024 en la Región de Valparaíso. 

Según consignó Radio Biobío, Campos sostuvo que “hemos recibido diversos informes de la Contraloría General de la República respecto a informes de carácter final ejecutados de la Dirección Regional de Arquitectura. Estos inciden efectivamente en los lamentables episodios y siniestros de incendios ocurridos en el mes de febrero del 2024 en Valparaíso”.

Dijo que aquellos informes dan cuenta de “graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas, un centenar de viviendas, en las cuales estarían comprometidos fondos públicos por una cifra superior, al menos al día de hoy, a los $1.100 millones”.

“Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos y analizados, desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación”, anunció.

Tal como informó Biobío, lo anterior surgió cuando se conocieron cinco informes de auditorías efectuados por el ente contralor, donde figuran la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, los municipios de Quilpué y Viña del Mar y la Dirección Regional de Arquitectura.

Entre las principales observaciones, el organismo fiscalizador identificó pagos no acreditados, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios, deficiencias en procesos de compra y falta de control en la entrega de ayudas a damnificados.

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