El Gobierno ha establecido los criterios bajo los cuales se regirá para levantar querellas de Ley de Seguridad del Estado, para dar cumplimiento al anuncio realizado un día antes de que el Presidente Gabriel Boric asumiera la presidencia.
A poco más de una semana de aquello, desde La Moneda dieron a conocer los lineamientos para dejar sin efecto 139 querellas interpuestas por el estado en el marco del estallido social, asegurando que la propuesta no afectará la seguridad de la nación.
Según el Diputado Diego Ibáñez (CS) se reconocen como un Gobierno que entiende bien las razones sociales del estallido y por lo cual está bien, a su criterio, que se retiren las querellas.
Desde la oposición, lo ven como una “señal de impunidad”. Para la diputada Camila Flores (RN) el accionar del Gobierno es una “bofetada” a las víctimas del estallido social, argumentando que el Ejecutivo está del lado de “los delincuentes, de los vándalos, y no de las personas que sufrieron estas graves situaciones”.
Según reveló La Tercera, los tribunales ya habrían comenzado ciertos procedimientos, y mayoría de los delitos analizados corresponderían a robos en lugar no habitado, es decir, personas que ingresaron a supermercados y locales para sustraer especies.
Finalmente, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo sostuvo que en paralelo trabajan en la agenda de derechos humanos.
