“Es gravísimo”. Esa fue la reacción del ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, tras la decisión del juez Daniel Urrutia de permitir que reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) realizaran videollamadas con externos.

Según reporta Meganoticias, la resolución del titular del Séptimo Juzgado de Garantía se anunció el 25 de enero, en respuesta a un requerimiento que levantaron cuatro internos para acceder al beneficio.

“Estos son los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país. Aquí tenemos los líderes de clanes que han generado crímenes que son horrendos: extorsiones, trata de personas, secuestros, homicidios. Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello”, declaró Gajardo a Mega.

La autoridad puntualizó que el beneficio concedido por el juez Urrutia “pone en riesgo no sólo la seguridad de los funcionarios del establecimiento penal”, sino que también la seguridad de la sociedad. “Por eso esta resolución es gravísima”, subrayó.

La preocupación del Gobierno y también de Gendarmería radica en que en el REPAS, -conocido como la Cárcel de Alta Seguridad- están recluidos sujetos que, en su mayoría, se relacionan con bandas como el Tren de Aragua y Los Gallegos.

“En el recinto especial de alta y máxima seguridad reaperturado por el Presidente de la República en abril del año pasado, se encuentran los criminales más peligrosos que tenemos en el sistema penitenciario”, precisó, junto con agregar que aquel recinto se reabrió precisamente para tener un régimen segregado, para que no se contamine criminológicamente al resto de la población penal y “poder desbaratar las bandas de crimen organizado”.

Insistió en que “es fundamental mantener ese régimen diferenciado, porque hay razones de seguridad, podríamos decir de seguridad nacional, para que esos criminales que son los más peligrosos de nuestro sistema penitenciario no tengan contacto con el exterior, y si tienen visitas sean a través de locutorios”.

“La resolución del juez Urrutia nos rompe esas dos premisas que son básicas en cualquier sistema de máxima seguridad que opera no sólo en nuestro país, sino que también en el mundo. Es decir, permite que estas personas tengan contacto con el exterior a través de videollamadas, donde posiblemente van a poder seguir funcionando sus bandas”, agregó Gajardo.

El ministro (s) de Justicia también cuestionó la decisión del magistrado de permitir que el reo colombiano Rafael Marín Vielma, quien está privado de libertad en el REPAS y fue condenado a quince años de cárcel por narcotráfico, tuviera una visita íntima, pese a que en el recinto no existen dependencias para ese tipo de encuentros.

Por lo mismo, Gendarmería presentó un reclamo a propósito de la decisión del juez Urrutia. Sin embargo, el titular ratificó su resolución. Ante ese escenario, el organismo penitenciario acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante un recurso de hecho, para detener la determinación del magistrado.

La ofensiva de Gendarmería tuvo frutos y la Corte decretó una orden de no innovar, con la que suspendió -el pasado 13 de febrero- la resolución dictada por Urrutia para que el tribunal de garantía remita un informe con los argumentos de la decisión.

“Gendarmería, con todo el apoyo del Ministerio de Justicia, ha recurrido de la resolución del juez Urrutia y esperamos que la Corte, que ya acogió la orden de no innovar, acoja los argumentos del Ministerio de Justicia y de Gendarmería”, sentenció Gajardo.