La secretaria de Estado subrayó que la decisión se debió a que el proceso iniciado en la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet, “se llevó a cabo en forma improvisada, sin considerar el interés de los usuarios, con los incentivos incorrectos, lo cual nos puede llevar incluso a la situación de mal servicio del 2007”.
La autoridad indicó que la determinación se tomó tras un largo periodo de análisis, lo que -aseguró- será un beneficio para los usuarios, “quienes ya han sufrido por la mala implementación de una política pública”.
“Pagar principalmente por los kilómetros recorridos es un claro incentivo a movilizar buses y no a las personas, y nuestro interés es proteger el interés de las personas”, añadió, advirtiendo que dicho escenario era “dañino”.
Hutt sostuvo que se requiere de un proceso con mayor tecnología y que permita renovaciones más activas, enfatizando que se tomarán aspectos del proceso anterior relevantes como “la consulta ciudadana, que es muy valiosa”.
Por medio de su cuenta en Twitter, el ministerio de Transportes señaló que se ha “elaborado un plan serio y responsable, que no solo asegura la continuidad de la operación, sino que mejorará sustantivamente la calidad del servicio, incorporando buses nuevos en tramos relevantes”.
Por el mismo medio, el ex titular de Transportes, Andrés Gomez-Lobo, manifestó su parecer respecto a la decisión del Ejecutivo.
“Pésima noticia para usuarios y fisco, gobierno declara desierta licitación de TS. Condena a usuarios a seguir sufriendo con la flota antigua y renegociar a puertas cerradas con operadores actuales para extender sus contratos. Y sin ninguna razón de peso para ello”, sentenció.