Tras los episodios de fraude en los bancos, el Ejecutivo enviará al Congreso tres proyectos de ley con suma urgencia, los cuales no sólo establecerán nuevos delitos en materia de ciberseguridad, sino que además obligarán a las entidades a entregar información sobre los incidentes que puedan haberlos afectado.
“Con estos dos últimos episodios hemos demostrado debilidad. Me preocupa que hoy no tengamos una legislación que nos permita saber cuáles son los delitos informáticos, cuáles son las penas asociadas, cuál es el marco de ciberseguridad”, reconoció a Reportajes el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Antes del 26 de agosto, aseguró, se enviará al Parlamento el proyecto de ley de modernización de delitos informáticos, que modificará la ley vigente desde 1993, cuando en Chile no existía internet.
El proyecto – de suma urgencia- establecerá nuevos delitos, como el introducir un virus en el sistema informático de un banco para robar dinero, o la vulneración de los correos electrónicos.
La nueva normativa creará un Equipo de Respuesta Computacional a la Emergencia, Cert. Será una unidad multidisciplinaria que tendrá facultades para exigir a las empresas privadas que entreguen información sobre los incidentes que los han afectado y proponer medidas de solución. Estará compuesto por 40 personas y estará radicado en el Ministerio del Interior.
El miércoles 25 de julio, el mismo día de la filtración masiva de datos de tarjetas de crédito, los diputados UDI Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri pidieron al gobierno radicar en Defensa la lucha contra la ciberdelincuencia y crear una Agencia de Ciberseguridad dependiente de esa cartera.
No es lo único que se ha zanjado en el gobierno para apresurar las medidas de prevención en materia de ciberseguridad. A la espera del envío y tramitación de los proyectos de ley, el Presidente Piñera instruyó al comité interministerial de ciberseguridad la creación de protocolos especiales para la administración pública.
Los proyectos también contemplarán penas más altas para los hackers que ataquen servicios de infraestructura crítica para el país.
“Con estos dos últimos episodios hemos demostrado debilidad. Me preocupa que hoy no tengamos una legislación que nos permita saber cuáles son los delitos informáticos, cuáles son las penas asociadas, cuál es el marco de ciberseguridad”, reconoció a Reportajes el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Antes del 26 de agosto, aseguró, se enviará al Parlamento el proyecto de ley de modernización de delitos informáticos, que modificará la ley vigente desde 1993, cuando en Chile no existía internet.
El proyecto – de suma urgencia- establecerá nuevos delitos, como el introducir un virus en el sistema informático de un banco para robar dinero, o la vulneración de los correos electrónicos.
La nueva normativa creará un Equipo de Respuesta Computacional a la Emergencia, Cert. Será una unidad multidisciplinaria que tendrá facultades para exigir a las empresas privadas que entreguen información sobre los incidentes que los han afectado y proponer medidas de solución. Estará compuesto por 40 personas y estará radicado en el Ministerio del Interior.
El miércoles 25 de julio, el mismo día de la filtración masiva de datos de tarjetas de crédito, los diputados UDI Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri pidieron al gobierno radicar en Defensa la lucha contra la ciberdelincuencia y crear una Agencia de Ciberseguridad dependiente de esa cartera.
No es lo único que se ha zanjado en el gobierno para apresurar las medidas de prevención en materia de ciberseguridad. A la espera del envío y tramitación de los proyectos de ley, el Presidente Piñera instruyó al comité interministerial de ciberseguridad la creación de protocolos especiales para la administración pública.
Los proyectos también contemplarán penas más altas para los hackers que ataquen servicios de infraestructura crítica para el país.
