La vocera de La Moneda, Cecilia Pérez, leyó una declaración pública en el Congreso, en Valparaíso, en la que señaló que el Gobierno “no comparte, pero acata”, el dictamen de la Contraloría que declaró ilegal el protocolo de objeción de conciencia del Ministerio de Salud para el aborto en tres causales.
Luego de tomar conocimiento del dictamen en el Parlamento, donde participaba en una comisión junto al ministro Gonzalo Blumel, ambos se reunieron de emergencia en una sala, tras lo cual declararon que “no compartimos la decisión, pero comprometidos con el Estado de derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen”.
La ministra también anunció un reglamento que “regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría General de la República a este protocolo”.
Además, afirmó que tanto el protocolo dictado por el gobierno actual, como el de la administración anterior “se fundaron en la norma legal que expresamente señala que estas materias deben ser reglamentadas por protocolo”. Sin embargo, añadió, “Contraloría, con todo, ha señalado que esta materia debe ser regulada no por protocolo, si no que por la vía de reglamento”.
En cuanto a la posición del Gobierno en la materia, la vocera aseguró que “se fundó en la sentencia del tribunal constitucional que reconoció tanto la objeción de conciencia personal como la institucional”.
“Nuestro protocolo buscaba compatibilizar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia con la protección de los derechos de las mujeres que requieren el acceso a prestaciones del sistema de salud”, concluyó.
Luego de tomar conocimiento del dictamen en el Parlamento, donde participaba en una comisión junto al ministro Gonzalo Blumel, ambos se reunieron de emergencia en una sala, tras lo cual declararon que “no compartimos la decisión, pero comprometidos con el Estado de derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen”.
La ministra también anunció un reglamento que “regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría General de la República a este protocolo”.
Además, afirmó que tanto el protocolo dictado por el gobierno actual, como el de la administración anterior “se fundaron en la norma legal que expresamente señala que estas materias deben ser reglamentadas por protocolo”. Sin embargo, añadió, “Contraloría, con todo, ha señalado que esta materia debe ser regulada no por protocolo, si no que por la vía de reglamento”.
En cuanto a la posición del Gobierno en la materia, la vocera aseguró que “se fundó en la sentencia del tribunal constitucional que reconoció tanto la objeción de conciencia personal como la institucional”.
“Nuestro protocolo buscaba compatibilizar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia con la protección de los derechos de las mujeres que requieren el acceso a prestaciones del sistema de salud”, concluyó.
