La Corte Suprema ordenó, el 30 de noviembre pasado, a todas las isapres que comiencen a aplicar a todos sus afiliados la nueva tabla de factores, dictada por la Superintendencia de Salud en diciembre del 2019, y restituirles los cobros en exceso.

A un mes de dicha resolución y después de que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, informase que se están preparando medidas ante “los efectos que pueda tener la aplicación del fallo”, las aseguradoras de salud emitieron una declaración conjunta emplazando al Gobierno a dar más certezas en el tema.

“A pesar de que organismos y expertos han planteado la criticidad de esta materia, la falta de celeridad en la autoridad mandatada a cumplir el fallo es grave: la Superintendencia de Salud no ha convocado al sector a un análisis de riesgos y no se ha vuelto a citar la mesa de trabajo que lidera el Ministerio de Salud”, indicaron.

Luego advirtieron que la decisión de la Superintendencia “determinará si continúan o no las isapres y, con esto, las coberturas que han elegido, de acuerdo con sus necesidades, más de tres millones de afiliados”.

“Si la autoridad opta por inhabilitar operativamente a las isapres, no solo se iría en contra de lo dispuesto por la Corte Suprema, que ordenó regular el funcionamiento futuro del sistema, también se causaría un daño irreversible a la red completa, que atiende a la mitad del país, impactando en cadena a prestadores, médicos, afiliados y, especialmente, a quienes sufren problemas de salud”, añadieron.

Además, acusaron que si el Ejecutivo opta por un cierre forzoso de las isapres, “casi 350 mil pacientes GES quedarán desprotegidos y forzados a migrar intempestivamente al Fonasa, agravando el problema de oportunidad que tiene a casi 2,3 millones de personas en lista de espera”. Remarcaron que “algunos efectos de esta situación límite ya se han hecho evidentes y están afectando a los pacientes”.

De esta forma, subrayaron que “es imperioso que la Superintendencia de Salud informe sus definiciones a las isapres y entregue lineamientos, al menos generales, con la mayor celeridad, para dar claridad a las personas y al sistema”.

Sobre el proyecto de reforma al sistema de salud, las compañías apuntaron a que “ha sido proyectado hacia fin de este año o comienzos de 2024. Mientras, se requiere un sistema de salud que funcione y dé tranquilidad y respuesta a quienes más lo necesitan, permitiendo el necesario espacio de discusión para transitar apropiadamente al nuevo ordenamiento, con las garantías de oportunidad, acceso y libertad de elección que exigen las personas”.

“Los plazos apremian y no se evidencia que el gobierno esté ponderando el peligro de una crisis sanitaria de esta magnitud. Cabe hacer presente que las precauciones en materia de salud y el mandato de proteger la vida de las personas, son obligaciones de la autoridad que no deben desconocerse”, concluyeron.