En la Corte Interamericana de Derechos Humanos se realizó este miércoles y jueves el juicio contra el Estado de Chile por impedir desde el 2007 a la docente Sandra Pavez hacer clases en razón de su orientación sexual, tras una decisión de la Iglesia Católica que fue amparada por diversos fallos en nuestro país.

El juicio se extendió por cinco horas, divididas entre ambas jornadas, siendo encabezado por la presidenta de la Corte, Elizabeth Odio Benito. En la ocasión intervino Pavez y, a favor de ella, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los abogados colaboradores del Movilh, Ciro Colombara y Branislav Marelic.

En tanto, el Estado justificó que a la docente se le siga negando el derecho a hacer clases, argumentando que ella siguió recibiendo un sueldo, pues se mantuvo como inspectora general de un establecimiento educacional. Fue justamente este último punto, uno de los que más dolió Pavez.

“El Estado se limitó a consultarme si había recibido o no sueldos desde el 2007 a la fecha, como si eso fuera lo relevante. Lo grave es el daño psicológico que he sufrido luego de que me negaran el derecho a hacer clases y me impidieran ingresar a las aulas para educar”, afirmó.

La profesora se declaró no obstante satisfecha con las dos jornadas del juicio. “Tengo confianza en la Corte Interamericana de DDHH. Creo que ellos fallarán por la no discriminación. Espero que la sentencia tenga un impacto positivo en las y los docentes LGBTIQ+ de Chile y América Latina”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, destacó “la valentía y la perseverancia de Sandra hará historia para los derechos LGBTIQ+. Ella, optó por enseñar con la verdad, pero el Estado y las iglesias la condenaron por eso”

En tal sentido, Jiménez lamentó que “hasta hoy persista una fuerte arremetida contra los derechos de Sandra Pavez, pues no solo el Estado se ha movilizado a nivel internacional para que se le siga impidiendo hacer clases en Chile exclusivamente en razón de su orientación sexual. Lo mismo hicieron los principales credos de Chile y ONG´ ultraconservadoras de diferentes países que en los últimos meses presentaron diversos Amicus Curiae justificando que las religiones tienen el derecho e impedir que docentes hagan clases en Estado laicos solo por ser LGBTIQ+”.

“Igual de lamentable ha sido la indolencia del Estado chileno, que se ha limitado a reducir este juicio a aspectos económicos, importándole nada la dignidad humana. A tanto llegó su falta la delicadeza, que invitó a peritos que ni siquiera habían leído los fallos judiciales contra Sandra y, peor aún, que en sus presentaciones trataron al dictador Pinochet como “presidente”, para validar el Decreto 924 que este genocida dictó en 1984 para negar el derecho de docente a hacer clases de religión si es que eran LGBTIQ+”, finalizó.

En paralelo al juicio, activistas lésbicas del Movilh se manifestaron en el frontis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, acusando a Chile de “lesbofóbico” y de “estar en deuda con Sandra Pavez”

El Movilh espera que la Corte dicte sentencia entre agosto y noviembre próximo.