El Senado anunció que en las primeras semanas de agosto podría votarse la denominada ley corta antiterrorista en la sala. La iniciativa, que ya estuvo en tabla el miércoles pasado y que no alcanzó a discutirse debido a la tramitación de otros proyectos con urgencia, ya fue aprobada en votación dividida –el 10 de julio- por la Comisión de Constitución.
En lo fundamental, modifica el artículo 226 bis del Código Procesal Penal para permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de delitos considerados como terroristas. Frente al llamado que ha hecho el Ejecutivo a aprobar esta iniciativa tras la explosión de una bomba en una comisaría de Huechuraba y el fallido atentado al exministro Rodrigo Hinzpeter, surgieron diversas opiniones en torno a la efectividad de la norma.
El presidente de la Comisión de Constitución, senador Felipe Harboe, quien votó a favor de la iniciativa, dijo que “hay una falta de voluntad y cada vez que se discute la ley antiterrorista comienzan las reminiscencias del pasado y a cuestionarse un conjunto de cosas”. Agregó que “si le ponen discusión inmediata, se discute el martes (6 de agosto). Por lo que el emplazamiento del Presidente es bien poco coherente, porque estamos a la espera de que se ponga en tabla en la sala, ya que la comisión ya lo aprobó”. Precisó que aún cuando la iniciativa se apruebe en general, se debe abrir un plazo de indicaciones “porque el proyecto tiene errores… el Gobierno sabe que tiene que presentar indicaciones”. El legislador también manifestó su inquietud por el tema del sistema de inteligencia del país. “En el tema de inteligencia preventiva, Chile está tremendamente al debe”, dijo tras señalar que es preocupante “a estas alturas que las instituciones que dicen ser especialistas en estas materias, léase la ANI, Carabineros, no tienen resultados positivos”. Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla indicó que el proyecto busca modificar el artículo 226 bis del código procesal penal para que los fiscales puedan, en materia de ley antiterrorista, usar agentes encubiertos, informantes, agentes reveladores y entregas vigiladas en los términos que lo contempla la ley de drogas. “Esa es la finalidad de ese artículo, pero en orden a dar facultades a los fiscales, es decir, cuando los hechos ya se han producido. Por eso que la modificación no es directamente a la Ley Antiterrorista, sino que es al Código Procesal Penal”, precisó. Agregó que “me parece fundamental legislar en serio y no para la galería, porque esto no soluciona el problema. La solución del problema es que tengamos una Ley Antiterrorista moderna conforme a los estándares internacionales”.
“La actual ley, aunque tenga muchas técnicas inclusivas, es muy difícil que sea eficaz y así lo ha demostrado en los últimos 20 años donde las sentencias condenatorias por Ley Antiterrorista son mínimas, porque hay un problema con la tipificación del delito terrorista”, enfatizó.
Según el senador Huenchumilla “el delito que está tipificado en la actual ley es muy difuso, es muy vago, es muy difícil de probar y atenta contra el principio de la legalidad. Esta ley corta no resuelve el problema, tiene un efecto comunicacional”.
En lo fundamental, modifica el artículo 226 bis del Código Procesal Penal para permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de delitos considerados como terroristas. Frente al llamado que ha hecho el Ejecutivo a aprobar esta iniciativa tras la explosión de una bomba en una comisaría de Huechuraba y el fallido atentado al exministro Rodrigo Hinzpeter, surgieron diversas opiniones en torno a la efectividad de la norma.
El presidente de la Comisión de Constitución, senador Felipe Harboe, quien votó a favor de la iniciativa, dijo que “hay una falta de voluntad y cada vez que se discute la ley antiterrorista comienzan las reminiscencias del pasado y a cuestionarse un conjunto de cosas”. Agregó que “si le ponen discusión inmediata, se discute el martes (6 de agosto). Por lo que el emplazamiento del Presidente es bien poco coherente, porque estamos a la espera de que se ponga en tabla en la sala, ya que la comisión ya lo aprobó”. Precisó que aún cuando la iniciativa se apruebe en general, se debe abrir un plazo de indicaciones “porque el proyecto tiene errores… el Gobierno sabe que tiene que presentar indicaciones”. El legislador también manifestó su inquietud por el tema del sistema de inteligencia del país. “En el tema de inteligencia preventiva, Chile está tremendamente al debe”, dijo tras señalar que es preocupante “a estas alturas que las instituciones que dicen ser especialistas en estas materias, léase la ANI, Carabineros, no tienen resultados positivos”. Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla indicó que el proyecto busca modificar el artículo 226 bis del código procesal penal para que los fiscales puedan, en materia de ley antiterrorista, usar agentes encubiertos, informantes, agentes reveladores y entregas vigiladas en los términos que lo contempla la ley de drogas. “Esa es la finalidad de ese artículo, pero en orden a dar facultades a los fiscales, es decir, cuando los hechos ya se han producido. Por eso que la modificación no es directamente a la Ley Antiterrorista, sino que es al Código Procesal Penal”, precisó. Agregó que “me parece fundamental legislar en serio y no para la galería, porque esto no soluciona el problema. La solución del problema es que tengamos una Ley Antiterrorista moderna conforme a los estándares internacionales”.
“La actual ley, aunque tenga muchas técnicas inclusivas, es muy difícil que sea eficaz y así lo ha demostrado en los últimos 20 años donde las sentencias condenatorias por Ley Antiterrorista son mínimas, porque hay un problema con la tipificación del delito terrorista”, enfatizó.
Según el senador Huenchumilla “el delito que está tipificado en la actual ley es muy difuso, es muy vago, es muy difícil de probar y atenta contra el principio de la legalidad. Esta ley corta no resuelve el problema, tiene un efecto comunicacional”.