La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtió este miércoles que, luego de la captura de Nicolás Maduro, el aparato represivo del Estado permanece “intacto” en el país.
Pese a observar “limitadas mejoras” en la situación de los derechos humanos, la Misión apuntó a hechos graves en un informe, según consignó Radio Biobío.
“Las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas”, plantearon.
El grupo admitió que se registró una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas.
Sin embargo, apuntaron a que “estos cambios no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los derechos humanos”.
De igual forma, destacaron “un margen algo mayor” para protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil.
También, manifestaron que varias leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes. A esto se suma que los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas.
“No se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos, que han sido una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario”, expresaron.
“Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su participación en graves violaciones continúan ocupando, o han sido reasignados a, puestos clave”, mencionaron.
La impunidad “persiste”
La misión, además, recalcó que “la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes del pasado persiste”.
Por su parte, y de acuerdo a la citada emisora, María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión, hizo un llamado a las autoridades venezolanas.
“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”, enfatizó.
A la vez, precisó que “Venezuela también debería revertir su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar plenamente con la Corte y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Años de impunidad arraigada deben dar paso a la rendición de cuentas”.
