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Juan Carlos de la Llera dijo en Radio Pauta que “el proyecto, tal como está, es absolutamente inviable para la universidad, ya que podría implicar un perjuicio de entre 10.000 y 25.000 millones de pesos”.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Los Periodistas con Jorge Tellier, en Temuco, Región de La Araucanía, y la familia afectada ya no soporta más la espera, mientras exige una respuesta concreta de parte de la empresa Constructora Aconcagua.

En total, son ocho compañías de bomberos de Ñuñoa las que trabajan en el control de la emergencia, según informaron en su cuenta de X.

El pequeño, que vive en Pudahuel, llegó la tarde del martes al hospital donde se constató que tenía diversas partes de su cuerpo quemado. También arrojó positivo en cocaína, consignó Cooperativa.

Según consignó El Mercurio, el tribunal acogió la demanda civil presentada por el CDE, que busca el provecho del dolo ajeno por parte de los miembros de la sucesión de Pinochet, ordenando la devolución del dinero involucrado.

“Les quiero compartir la carta que me envió el Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, solicitando apoyo de la comunidad internacional para lograr un alto al fuego, el ingreso de ayuda humanitaria y detener la masacre contra el pueblo palestino”, señaló el Mandatario en su cuenta de X.

Diego Paco, en entrevista con Radio Agricultura, manifestó su molestia por la falta de control fronterizo y el recorrido del sicario por el país, señalando que si pudo pagar $2,5 millones para viajar desde Santiago a Arica, también pudo haber adquirido documentación falsa.

El inmueble, situado en el sector Las Quilas, fue intervenido en un operativo donde Carabineros detuvo a dos sujetos, ambos oriundos de la Región Metropolitana y con un amplio prontuario policial.

La ayuda habitacional otorga un subsidio total de 170 UF, el cual se entrega de forma mensual con un tope de 4,2 UF, mientras que el monto puede ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de 8 años.

Según publica La Tercera, el instructivo, firmado por la contralora, Dorothy Pérez, establece que los registros en formato físico no cumplen con los estándares de integridad, veracidad y confiabilidad exigidos por la legislación vigente. En consecuencia, no serán considerados válidos para justificar el pago de remuneraciones ni para efectos de control administrativo.