Rodolfo López, investigador postdoctoral del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), e investigador asociado de la Universidad Diego Portales. Su proyecto de investigación actual se centra en el proceso constitucional chileno desde 2021 al 2023.
El Consejo Constitucional solicitó recientemente al Congreso extender el período de registro para las audiencias públicas hasta el 21 de junio. Esta petición, concedida por el Legislativo en tiempo récord, refleja la preocupación por atraer y motivar la participación ciudadana en un proceso constitucional marcado por obstáculos. No solamente hay un tedio generalizado sobre este asunto, sino además una significativa oposición según las encuestas aún antes de que el Consejo Constitucional comience su trabajo.
Pese a sus erros en diversas áreas y considerando un contexto más propicio, la pasada Convención Constitucional tuvo un proceso de consulta ciudadana amplio y relativamente exitoso. A lo largo de ocho meses, fue capaz de implementar cinco de los ocho mecanismos que originalmente diseñó, contando con una importante participación. Por ejemplo, recibió más solicitudes de audiencia pública de las que fue capaz de acoger, y casi un millón de chilenos firmaron por al menos una las propuestas de iniciativa popular de norma.
Por el contrario, el Consejo Constitucional enfrenta un escenario más desafiante, ya que concentra toda la participación en sólo un mes. Un lapso tan acotado de tiempo difícilmente puede motivar el interés ciudadano en un contexto de apatía generalizada, y donde la agenda constitucional se ve relegada ante temas más urgentes y contingentes. Por tanto, no es de extrañar que el interés ciudadano por participar en las audiencias públicas ha sido bajo, según la Secretaría de Participación. Aunque el panorama se ve más auspicioso para las consultas ciudadanas, es crucial fortalecer todos los mecanismos participativos disponibles para ofrecer alternativas efectivas de incidencia.
La implementación de distintos mecanismos de participación ciudadana es vital para fortalecer el trabajo del Consejo Constitucional, ya que abren una oportunidad para incorporar una mayor diversidad de visiones a los debates del texto constitucional y, por consiguiente, enriquecen y aumentan la legitimidad del proceso y su resultado. De ahí la importancia de la prórroga solicitada por el Consejo Constitucional. Adicionalmente las universidades, que están a cargo de la organización de la participación, cuentan con las herramientas y la experiencia para procesar la voz de la ciudadanía gracias a su rol en los procesos de consulta de 2016 y 2022. Por tanto, el proceso cuenta con instituciones capacitadas para sistematizar la voz de la ciudadanía y que urge aprovechar.
Sin embargo, la prórroga que obtuvo el Consejo Constitucional puede ser una oportunidad desperdiciada si no es acompañada por otras acciones. Primero, el Estado y los medios deben hacer un mayor esfuerzo para difundir los mecanismos de incidencia disponibles y acercarlos a la población. Segundo, el Consejo Constitucional debe ser claro en la forma que usa dicha participación en sus debates, para que la población perciba el impacto de su contribución. Por tanto, el breve “mes de la participación ciudadana”, que concluye el 7 de julio, depende del interés que concite y para ello es necesario contar con la contribución de todas las instituciones y actores posibles. Con una experiencia de cambio constitucional frustrado a cuestas, es imprescindible cuidar cada etapa del proceso para asegurar su éxito.
Rodolfo López, investigador postdoctoral del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), e investigador asociado de la Universidad Diego Portales. Su proyecto de investigación actual se centra en el proceso constitucional chileno desde 2021 al 2023.
