La Fiscalía Centro Norte llevará a juicio oral a 16 integrantes de la denominada “primera línea”, imputados por infringir la Ley Antibarricadas en las inmediaciones de Plaza Baquedano durante el estallido social.

Según informó El Mercurio, el Ministerio Público pide entre 300 y 541 días de presidio para los 13 acusados, además de la sanción accesoria “de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y comiso de las especies involucradas”.

Además, hay tres imputados de iniciales G.A.S., E.C.C. y S.A.S. sin la atenuante de “irreprochable conducta anterior”, por lo que el ente persecutor pedirá para ellos entre 540 días y 3 años de presidio.

El juicio oral estaba programado para el 17 de diciembre pasado, pero fue postergado debido a que la defensa tenía una “audiencia paralela” y además debió realizar un cambio de abogado. El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió a reprogramar la fecha para el 6 de junio de 2022.

El Ministerio del Interior es querellante en la causa y ofrecerá 38 testigos, todos personal de Carabineros. También entregará fotografías, videos de los hechos y pruebas periciales.

Uno de los acusados está privado de libertad por robo con violencia. Además, dos han incumplido la cautelar de firma mensual.

La indagatoria causó polémica el 25 de marzo de 2020, cuando el juez Daniel Urrutia sustituyó la prisión preventiva de 13 de los involucrados por arresto domiciliario total. La resolución fue revertida por la Corte de Apelaciones de Santiago ese mismo día.

La situación derivó en una disputa en el Poder Judicial, que mantiene en tramitación un sumario contra el magistrado y una querella por prevaricación en contra de un grupo de ministros del tribunal de alzada y de la magistrada Adelita Ravanales, de la Corte Suprema.