La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, respondió al informe de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó millonarias irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a enfrentar la emergencia por el megaincendio de Valparaíso en febrero de 2024.
La jefa comunal explicó que muchos damnificados no tenían sus documentos porque se habían quemado, y que ante la burocracia estatal, la ayuda privada llegó de inmediato para cubrir urgencias como la alimentación (en la foto) y el resguardo en carpas.
“Es indispensable contextualizar con mucha honestidad y responsabilidad la magnitud de lo que ocurrió en la ciudad de Viña del Mar. Aquí hubo más de 5 mil viviendas afectadas, más de 6 mil familias damnificadas por el incendio, y se quemó cerca del 30% total de la comuna. Esas proporciones son históricas no solamente para Viña del Mar, sino para todo el país”, aseguró Ripamonti.
La alcaldesa apuntó a que en la primeras horas, días y semanas, la gente no tenía nada, “ni sus casas, ni sus documentos. No existían redes de apoyo”.
“La necesidad de entregar agua, materiales, comida y, por, sobre todo, alimentos, era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carnet de identidad o porque todavía no contaran con una Ficha Básica de Emergencia (FIBE)”, argumentó.
Asimismo, agregó que el exigir que existieran “manuales de procedimientos” y “un sistema registral con una trazabilidad absoluta para una emergencia de estas características es insostenible”.
“Nosotros vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz y todas las necesidades que tenían, desde bloqueadores hasta una pala para sacar escombros, aún cuando todavía no tenían sus carnets de identidad porque estos estaban quemados”, agregó.
Ripamonti cree que la institucionalidad en torno a incendios tiene que seguir cambiando, y que debe existir una forma de responder a este tipo de situaciones con probidad y trazabilidad.
Lo anterior, continuó, no perdiendo de vista que “cuando el Estado se entrampa en burocracias y exige fichas básicas de emergencia para entregar alimentos, es que el mundo privado llega primero y así la credibilidad del Estado se pierde, y lo vemos nuevamente del mismo modo en los incendios del sur de Chile en la actualidad”.
Desde la municipalidad, a través de un comunicado, sostuvieron, además, que en el informe de la CGR se destaca la existencia de una trazabilidad de las ayudas entregadas.
En relación con las fichas FIBE, y dado que cientos de damnificados no contaban con su cédula de identidad producto del incendio, indicaron que a medida que fueron obteniendo su nuevo documento, se les entregó la colaboración correspondiente.
“Finalmente, en el informe no existe reparo alguno en el manejo de los recursos. Sólo se han identificado situaciones que deben ser mejoradas y subsanadas, lo que demuestra que la totalidad de los fondos se encuentra debidamente rendida y conforme a la normativa vigente”, cierra la declaración.
