La bancada de diputados de Renovación Nacional reafirmó “su convicción” en la acusación constitucional presentada en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, después de escuchar la exposición de la defensa encabezada por el abogado José Antonio Viera-Gallo.

Ingresada por Chile Vamos, la acusación está compuesta de dos capítulos. El primero apunta a errores en la entrega de 13 indultos presidenciales, 12 a los denominados “presos del estallido social” y uno otorgado al exfrentista Jorge Mateluna. En tanto, el segundo aborda los beneficios carcelarios dados a reos de la Macrozona Sur.

Ambos temas son mencionados como causales de vulneración a la Constitución y las leyes por parte de la otrora secretaria de Estado. En tanto, el libelo se votará en la Sala el próximo 25 de enero.

Ante los integrantes de la comisión, Viera-Gallo reiteró que los indultos “están fundados” y recalcó que “no existe un parámetro objetivo de estándar legal sobre el tipo de fundamento”.

Respecto a la responsabilidad de la ministra, aseveró que “evidentemente que al firmar los indultos no lo hizo contra su voluntad, lo hizo compartiendo la responsabilidad del Presidente, pero no es un acto autónomo de ella”.

Los argumentos no fueron suficientes para la bancada RN, cuyo jefe, el diputado Andrés Longton, aseveró que “las exposiciones en la Comisión de Acusación Constitucional de exministros de justicia de izquierda, como el señor Isidro Solís, el señor Jaime Campos, o bien la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, dejan claramente establecido que estos decretos que liberaron a 13 delincuentes que hoy día están en libertad y que pueden volver a reincidir, fueron absolutamente ilegales y carentes del fundamento necesario para que fuera un decreto fundado y calificado como exige expresamente la ley”.

“Al no tener todos los antecedentes necesarios para aquello, -como señaló la ministra Vallejo-, obviamente estos decretos fueron mal otorgados, y con ello, se puso en riesgo a las familias chilenas”, agregó.

En tanto, su par, la diputada Sofía Cid, señaló que “la acusación, como pocas veces se ve, ha contado con el apoyo de destacados profesores, e incluso con el testimonio de exministros de justicia del mundo concertacionista. Acá la infracción de ley parece concreta y evidente, particularmente en lo relativo a la falta de fundamentación, cuestión esencial para no derivar en un ejercicio abusivo de la autoridad”.

“La ministra actúa en base a una delegación, pero tiene responsabilidad por un acto suscrito por ella, más cuando tenemos el antecedente reciente de un ministro de justicia que supo negarse íntegramente”, cerró.