La Fiscalía Nacional, Defensoría Nacional y el Instituto de Derechos Humanos fueron invitados este lunes a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para presentar sus ideas y reparos al proyecto que buscar otorgar un indulto general por razones humanitarias a los detenidos y formalizados en el marco del estallido social.

En la instancia, el fiscal nacional, Jorge Abbott, reiteró su desacuerdo a la iniciativa presentada por los legisladores los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (PRO) y que será discutida también en las comisiones de Constitución y de Seguridad Pública.

“El indultar o aplicar la ley de amnistía a la comisión de hechos ilícitos tan graves como aquellos que contempla este proyecto, nos parece un precedente extraordinariamente grave, no solo para el presente, sino para el futuro”, apuntó Abbott.

Y añadió que “no entendemos algunas disposiciones del proyecto de ley, por ejemplo dejar fuera a todos los empleados públicos del beneficio de esta ley”.

“Queremos manifestar nuestra profunda decepción por los términos en que se funda el proyecto. Este proyecto se funda haciendo afirmaciones que son alejadas a la verdad y que agravian al Ministerio Público, a la Defensoría y a los tribunales, como si el sistema procesal penal no hubiera funcionado”, argumentó.

En tanto, el gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Rolando Melo, precisó que desde el 18 de octubre del 2019 al 30 de noviembre del 2020, se contabilizan 38.247 casos, de los cuales destacan los ingresos de las fiscalías metropolitanas.

Respecto a las causas terminadas, indicó que los casos vigentes son 13.154, los casos terminados son 25.273, alcanzando un 34% de casos vigentes, mientras que el promedio de edad de las personas en prisión preventiva es de 29 años y, a la fecha, son 175. De ellos, 100 son relacionados a hechos ocurridos en 2020.

Por su parte, el defensor nacional (s), Marco Montero, apuntó que “el uso desproporcionado que hoy se le da a la prisión preventiva, que pasó de ser una medida excepcional a una de aplicación automática general”.

En este sentido, explicó, se refirió al a sobre población de las cárceles, “el 2007 el 22% de la población privada de libertad correspondía a prisión preventiva y al día de hoy, vemos que ese porcentaje se ha incrementado a un 36% (…) Y un porcentaje muy amplio quedan absueltas o las condenadas no son privativas de libertad”.